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Una asistenta de ayuda a domicilio da de comer a una anciana impedida. / José Manuel Cabello
La conocida como Ley de la Dependencia cumple diez años con sus luces y sus sombras. Desde que entró en vigor, la cara más que positiva de esta norma son las ayudas que se prestan a las personas que necesitan un apoyo para realizar las labores más básicas de la vida diaria y que hasta entonces no recibían. En el lado negativo se encuentra el largo tiempo que actualmente tiene que transcurrir para que se valore a un dependiente y se le asignen la ayuda que le corresponde.
Los datos son más que claros para reflejar la realidad. En Andalucía hay actualmente 287.472 personas con derecho a recibir algún tipo de prestación, pero en estos momentos solo tienen apoyo 185.275 andaluces dependientes, es decir, 167.584 están a la espera de que les llegue la ayuda que tanto necesitan. A este punto negro se une que en Andalucía el tiempo medio de espera entre que se realiza la valoración y se recibe la prestación es de aproximadamente diez meses.
A la demora en la recepción de ayudas se unen los casos de urgencia –de la noche a la mañana una persona válida deja de serlo– y los ciudadanos que sí disfrutan de la Ley de la Dependencia pero que, a pesar de las dificultades que tienen para valerse por sí mismos, la asistencia que reciben es de escasas horas al día.
Ante estas situaciones muchas familias se tienen que buscar la vida para tener bien atendidos a sus dependientes, eso sí, para ello es imprescindible contar con medios económicos más que suficientes porque la ayuda a domicilio privada o las residencias privadas acreditadas no están al alcance de todos los bolsillos.
Ecilimp es la empresa a la que el Ayuntamiento de Écija le adjudicó por concurso el servicio de la ayuda a domicilio. Fuentes de esta sociedad reconocen que en un principio a los grandes dependientes les concedían hasta 90 horas al mes de ayuda a domicilio, «pero actualmente lo máximo que se dan son 70 horas al mes». Lo que equivale a unas 3,5 horas al día de lunes a viernes, un tiempo más que insuficiente para una persona que requiere un apoyo permanente.
Por ello, según explica Inmaculada Alpériz, de AD Asiste, «muchas familias precisan de nuestros servicios. De hecho, todas las personas para las que trabajamos tienen aprobada la Ley de la Dependencia».
Alpériz reconoce que esta norma es muy positiva, pero remarca que en muchos casos es más que insuficiente. Expone que su empresa presta ayuda a una familia de ancianos de Torreblanca. «Él es octogenario y a ella hay que moverla con una grúa», pero, según indica, la asistencia que reciben de la Ley de la Dependencia es de poco más de una hora por la mañana y aproximadamente el mismo tiempo por la tarde, «por lo que una de nuestras asistentas cubre el resto de la mañana y va a acostarles por la noche», expone esta empresaria. Alpériz reitera que para esta pareja las cerca de tres horas que les han concedido por la Ley de la Dependencia son del todo insuficientes para sus necesidades «y este es solo un ejemplo».
Por otra parte, manifiesta que su empresa asigna a una persona fija para cada dependiente al que se atiende, además el trabajador cuenta con contrato laboral y en caso de baja por enfermedad, vacaciones o de un imprevisto es sustituido por otra persona de inmediato. Esta empresa es la que contrata y cobra por los servicios de una chica interna o por los de una persona a jornada completa 1.400 euros al mes.
De forma similar se expresa Joaquín García, de Asistencia y Recados Aljarafe, quien señala que los servicios que presta su empresa son un apoyo a la Ley de la Dependencia, «porque ésta no abarca todas las horas del día que necesita un dependiente».
Muchas familias con ancianos también optan por residencias privadas acreditadas como Ballesol Azalea, donde algunos de sus residentes –actualmente unos 80– reciben una prestación económica de 800 euros por la Ley de la Dependencia que ayuda a sufragar una parte de los 1.800 euros que cuesta al mes este geriátrico, donde no hay lista de espera para acceder a una plaza.