-
Niños en un colegio de Primaria en Sevilla. / Pepo Herrera
El Gobierno andaluz, férreo opositor de la Lomce y de las pruebas de evaluación externas que contempla dicha ley, no acudirá mañana jueves a la comisión técnica convocada por el Ministerio de Educación para consensuar con las comunidades autónomas cómo van a llevarse a cabo estas llamadas reválidas. La Consejería de Educación reclama la convocatoria de una conferencia sectorial, una reunión entre el ministro Íñigo Méndez de Vigo y sus homólogos regionales, para tratar las discrepancias políticas respecto a ciertos contenidos de la Lomce. Pero el ministro no parece inclinarse por convocar a las comunidades para volver a tratar un asunto que considera zanjado: las reválidas, prueba externa que deben realizar todos los alumnos de 6º de Primaria (con 12 años), está recogida en la legislación educativa y en el real decreto que la desarrolla, de modo que es de aplicación obligatoria para todos los territorios. Las comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Castilla y León, realizarán la prueba el mes que viene. Otras regiones, como País Vasco, Canarias y Navarra, ya han anunciado que no la harán porque considera que el Gobierno central invade competencias autonómicas.
Andalucía, como el resto de regiones críticas, ha intentado frenar ese examen externo de todas las maneras posibles: ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto y ha exigido una moratoria al Ministerio para que se postergue hasta el próximo curso. Además los socialistas han votado en el Congreso y han llevado al Senado, junto al resto de formaciones (excepto el PP), la paralización de la Lomce. También elevarán la semana que viene en el Parlamento andaluz una proposición no de ley que pide la suspensión del calendario de aplicación de dicha ley. Pero en todo momento la Consejería de Educación ha asegurado que no sería “insumisa” y que, llegado el momento, tendría “todo preparado” para realizar la reválida en los 2.485 colegios de Andalucía. Pero el tiempo de decidir se ha agotado. La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha repetido su mensaje esta mañana, pero por primera vez ha anunciado dos datos importantes: que la reválida en Andalucía no se hará en el mes de mayo, como en otras comunidades, sino previsiblemente en el de junio (la norma da de plazo hasta final del curso escolar, 31 de agosto, aunque es difícil imaginar una prueba externa en verano, después de los exámenes finales de Primaria. La consejera asegura tener redactadas las instrucciones que se remitirán a los colegios para informar de cómo deben desarrollarse esas pruebas, pero no ha querido dar detalles de las mismas. La incertidumbre en los centros escolares es máxima, sin embargo, la Junta aún confía en que el ministro dé marcha atrás, convoque una Conferencia Sectorial de Educación y acepte aplazar las reválidas al año que viene. De la Calle se ha fijado de plazo hasta el 2 de mayo, entonces, si no ha cambiado nada, tendrá que anunciar la fecha de las pruebas externas y el protocolo a seguir. El 2 de mayo no es una fecha casual. Es el día en el que expira el plazo para formar Gobierno (aunque formalmente el Rey citará al presidente del Congreso el lunes 25 de abril para corroborar que no hay candidato a presidente). Después, se disolverán las Cortes y se convocarán elecciones el 26 de junio, y el Ejecutivo central ya no podrá dar marcha atrás respeto a las reválidas. Para evitar este escenario, Méndez de Vigo tendría que convocar una Conferencia Sectorial de urgencia la semana que viene.
“Está siendo todo un poco caótico”, ha admitido la consejera que, sin embargo, garantiza que la aplicación de la reválida será “lo menos agresiva posible” y tratarán de que “perjudique lo menso posible a las familias y a los profesores”.
Ninguna de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE acudirá a la reunión de mañana en el ministerio sobre las reválidas. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón, Baleares y Cantabria rechazan las reválidas, pero llegado el momento las realizarán. Canarias, País Vasco y Navarra no las harán. Madrid, Castilla y León, Murcia, Galicia y La Rioja, gobernadas por el PP, realizarán las pruebas en mayo, igual que Cataluña, que ya las venía haciendo desde hace años.