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El diputado de Ciudadanos y presidente de la comisión, Julio Díaz (i), junto al interventor provincial de la Junta en Granada, Miguel Gutiérrez, a su llegada hoy a la segunda jornada de comparecencias. / EFE
La segunda sesión de comparecencias en el marco de la comisión parlamentaria que investiga el fraude de ayudas para cursos de formación a parados está dibujando dos realidades ya constatadas en el primer interrogatorio. Los interventores provinciales de la Junta, encargados de fiscalizar el uso del dinero de las ayudas bajo sospechas, no ocultan que han trabajado en condiciones paupérrimas, con falta de recursos y de personal para garantizar el buen uso de fondos públicos. Así lo ha asegurado esta mañana Antonio Escudero, interventor provincial de Córdoba, y Miguel Gutiérrez, reafirmándose ambos en las declaraciones que hicieron el pasado viernes sus compañeros de Almería y Cádiz. Los dos interventores elevaron un informe de actuación a sus superiores advirtiendo de posibles irregularidades en expedientes de ayudas a la reinserción laboral. Pero, pese a la persistencia de algunos portavoces de partidos, que preguntan insistentemente a los comparecientes si hubo menoscabo de fondos públicos, tanto Escudero como Gutiérrez como los interventores que le precedieron han evitado asumir como propia esa conclusión. A lo más que han llegado es a afirmar que no pueden asegurar al 100% que no hubo menoscabo de fondos públicos, pero tampoco lo contrario. Sin embargo, el interventor de Granada ha ido más allá al denunciar ante los cinco grupos políticos que él sí “ve razonable la posibilidad de que hubiera un menoscabo de fondos públicos”. Gutiérrez advierte de que los informes de auditoría (la fiscalización previa que realizaba la Consejería de Empleo) parecían hechos ex profeso para la empresa que optaba a las ayudas.
Viendo la reacción de sus interrogadores, Gutiérrez se ha apresurado a matizar esta declaración: “De mi boca no ha salido que haya menoscabo, no lo digo rotundamente, sólo que tengo dudas. Lo más probable es que no hubiera menoscabo, pero como tenía dudas y por prudencia, solicité a la Intervención General de la Junta un informe de actuación” que alertaba de la posibilidad de un posible fraude. El interventor de Córdoba también ha descartado que hubiera un menoscabo de fondos, pero ha matizado: “Puede que haya menoscabo de fondos públicos en unos años, pero porque haya prescrito la solicitud de reintegro” de las ayudas donde se han detectado irregularidades.
Escudero denunció que los expedientes de formación entre 2002 y 2008 han prescrito, lo que impediría que la Junta pudiera recuperar a través de un procedimiento de reintegro los fondos utilizados de forma irregular, en cuyo caso sí se habría consumado el menoscabo de fondos. “¿De 2008 para atrás no se van a recuperar las ayudas sin justificar?”, le ha preguntado la portavoz de IU, Elena Cortés. “Estamos en 2016, ¿no?”, ha respondido el interventor. La prescripción empieza a computar desde la finalización del plazo de justificación, que son tres meses. A partir de ahí son cuatro años –cinco en caso de fondos europeos- “por tanto ya habría prescrito el derecho a iniciar un proceso de reintegro”. La Junta, que inició hace año y medio una investigación interna, revisando más de 8.000 expedientes de ayudas a la formación, ha solicitado hasta la fecha el reintegro de más de 90 millones de euros por subvenciones sin justificar.
Hasta ahora la comisión ha interrogado a los interventores, responsables de fiscalizar el uso del dinero público. Los partidos políticos presentes en la comisión tratan de esclarecer si hay responsabilidades políticas en el supuesto fraude de ayudas para la reinserción laboral desde 2002 hasta la actualidad. Si bien todos los interventores hasta ahora han corroborado que detectaron irregularidades en las ayudas –subsanables en el proceso de justificación o, en última instancia, sujetas a solicitudes de reintegro por parte de la Junta- ninguno se atrevió a concluir que se hubiera producido un fraude. Ninguno hizo esa afirmación, a pesar de que algunos partidos, como PP, Podemos e IU, han interrogado insistentemente a los comparecientes sobre este extremo. Pero tampoco ninguno ha descartado de plano esa posibilidad, asegurando que no contaban con recursos suficientes para hacer bien su trabajo, es decir, para garantizar que las empresas y sindicatos perceptoras de las ayudas para cursos de formación a parados usaron el dinero para lo que estaba destinado. A preguntas de los partidos, los últimos dos interventores han respondido que el responsable de la falta de control sobre los expedientes de ayudas y de supervisar que las empresas de formación cumplían con lo dispuesto en la orden de subvenciones era la Consejería de Empleo, que daba las ayudas.