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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ayer en su escaño. / EFE
Un error de tres diputados de Ciudadanos en la votación de ayer a una parte del presupuesto autonómico para 2016 ha arrojado dudas sobre la aprobación definitiva de los mismos, prevista para dentro de unas horas. Las cuentas están prácticamente garantizadas gracias a la alianza de PSOE y el partido naranja, que han diseñado y pactado los números y las políticas para el año que viene. Sin embargo, el portavoz y presidente del grupo de C’s, Juan Marín, y dos de sus compañeros (Marta Bosquet e Irene Rivera) votaron por error a última hora de ayer contra una sección concreta del presupuesto, relativa a la Consejería de Presidencia, lo cual desató una polémica entre los grupos de la oposición que ha continuado esta mañana. Durante la segunda sesión del pleno presupuestario, los grupos de PP, Podemos e IU han planteado que “el rechazo de una sección concreta del presupuesto puede suponer el rechazo total de las cuentas y su devolución al Consejo de Gobierno”.
El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha sido el primero en solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara antes de que se proceda con la votación final del presupuesto para aclarar este punto. “En tanto no se hayan aclarado estos aspectos, pedimos la suspensión del pleno”, ha dicho Maíllo, que también ha reclamado la convocatoria extraordinaria de la Mesa, órgano rector del Parlamento, para que dirima dicho informe. Maíllo aventura que si no se resuelve esta duda con garantías jurídicas, el Gobierno de Susana Díaz se arriesga a que más tarde el presupuesto sea declarado nulo o impugnado. En el mismo sentido se han manifestado Podemos y PP, que reclaman que se suspenda el pleno y denuncian “una situación de extrema inseguridad jurídica”.
Los tres grupos de la oposición tratan así de retrasar la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2016, que convertirían a Andalucía en la primera comunidad que saca adelante sus cuentas, horas antes del arranque de la campaña para las elecciones del 20 de diciembre. La aprobación del presupuesto por parte del Parlamento permitirá al Gobierno socialista de Susana Díaz disfrutar de estabilidad política y económica el año que viene. Es, por tanto, un potente aval político para el PSOE, y también para el partido que sustenta al Ejecutivo, Ciudadanos, que podrán utilizar en la campaña. Andalucía adelanta así a otras diez comunidades autónomas que, también con gobiernos en minoría, tienen dificultades para sacar adelante sus presupuestos.
Lío jurídico político
El error en la votación de los tres diputados de Ciudadanos ha planteado un lío jurídico político que remite a tres artículos del reglamento de la Cámara, depende de la interpretación que haga cada uno. El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, se acoge al artículo 130.6: “En el debate de totalidad quedarán fijadas tanto la cifra global del proyecto de Ley de Presupuestos como las de cada una de sus secciones, que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno”. Sostiene Durán que lo que se rechazó ayer fue el trabajo de la ponencia y la comisión sobre el presupuesto de Presidencia, pero la sección no fue enmendada en su totalidad. IU, en cambio, ha invocado el artículo 130.1, que dice: “Serán consideradas enmiendas a la totalidad del Presupuesto tanto las que postulen la devolución de aquél al Consejo de Gobierno como las que impliquen la impugnación completa de una sección presupuestaria”, y el artículo 130.5: “La aprobación de una enmienda que implique la impugnación completa de una sección presupuestaria dará por concluido el debate sobre el proyecto, al entenderse que se ha acordado su devolución al Consejo de Gobierno”.
Tendrán que ser los servicios jurídicos de la Cámara quienes determinen quién tiene razón. No obstante, los partidos que piden detener el debate presupuestario no defienden a las claras que la Cámara deje las cuentas sin aprobar debido a un error técnico de Ciudadanos, pero sí reclaman más tiempo y acusan al presidente del Parlamento de interpretar el reglamento a su antojo. La clave, más allá del debate jurídico, es la inminencia de una campaña electoral en la que todos los partidos se juegan mucho, incluido el futuro de sus líderes en Andalucía.