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El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. / EFE
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, llevaba más que bien preparada una pregunta que estaba cantada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: la valoración de los testimonios de los interventores sobre las ayudas a la formación en la comisión de investigación del Parlamento. Jiménez Barrios resaltó que el ente fiscalizador está en sus inicios y “no se puede dar ninguna conclusión”. Todos los interventores han dejado claro en sus intervenciones que se daban las condiciones para un fraude, por la falta de personal y recursos para trabajar, y denunciaron que la Consejería de Empleo no fue diligente ni al concederlas ni al controlar que los beneficiarios usaran el dinero para lo que estaba previsto. La Junta “no ve comparación” de este caso de la formación con el de los ERE
Jiménez Barrios recordó que de los interventores provinciales que ya han comparecido “sólo el de Huelva ha indicado, como criterio personal y legítimo, que sí hubo menoscabo. Es un criterio distinto al de la Intervención General y el gabinete jurídico. Eso no quiere decir que no vaya a haber expedientes de reintegro, aquellos que no cumplan con la reglamentación serán revisados”, aseguró el vicepresidente de la Junta. Sí reconoció otra de las denuncias de los interventores: la falta de medios humanos de control en la Junta, aunque lo matizó para quitar responsabilidad en la Junta. Así, apuntó que el Gobierno andaluz estableció dos planes de choque con la incorporación de 100 empleados a la Dirección General de la Formación y otros 40 para la Intervención General de la Junta. “La falta de medios ha estado limitada por la reglamentación restrictiva que sobre los empleados públicos impuso el Gobierno central con la rebaja de la tasa de reposición. Ahora que se puede, la Junta va a reforzar esos órganos”. Pese a lo prematuro de los trabajos de la comisión, para Jiménez Barrios ha quedado claro que “las ayudas se daban con arreglo a lo previsto y se dieron según el procedimiento reglado. No se daban sin procedimiento, lo cual desdibuja la línea argumental del PP”, aseguró.
El mensaje que quiso difundir ayer la Junta es que “no hay comunidad con un mecanismo de análisis tan exhaustivo y no va a cejar en saber qué ha ocurrido con la formación en colaboración con la Justicia y la comisión de investigación”. Por último, en cuanto a la prescripción o no de los expedientes, la Junta considera que a fecha de hoy ningún interventor ha declarado que haya habido prescripción de los expedientes de los años 2004-2008 y que a partir de esa fecha “están vivos”. En cuanto a la recuperación del dinero, el consejero de Empleo volverá a dar datos en una próxima comparecencia en el Parlamento.