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Jesús Hellín - Europa Press
Necesitamos agua para casi todo. En un contextos gravísimo de sequía, con embalses en mínimos históricos, “la buena noticia es que, en términos generales, tenemos todavía agua suficiente para satisfacer nuestras necesidades, pero debemos tener claro que la escasez se gestiona antes de la sequía, cuando hay agua”, como explica Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores de Agua Pública AEOPAS. “Hay que ser claros: la situación no es de alarma si se gestiona bien”, sentencia.
Unas declaraciones que contrastan con los cortes de agua que se están multiplicando cada vez más en los municipios. La sequía a sacado a la luz un problema que va más allá en muchos municipios: una situación crónica de escasez. Carecen de recursos suficientes para satisfacer ciertas demandas. Muchos pueblos de Andalucía, menores de 20.000 habitantes, están sufriendo cortes no sólo por la ausencia de lluvias sino, fundamentalmente, por la falta de inversiones. Por ejemplo, las restricciones que han sufrido Guadalcanal, Pedrera o Castillo de las Guardas, por citar algunos, se hubieran evitado si se hubiera cumplido el convenio de colaboración firmado en 2006 entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial cuyo objetivo era la mejora de la gestión integral del agua en la provincia y que incluía obras por valor de más de 581 millones de euros. Hubiera permitido garantizar y mejorar la calidad de los servicios de agua y homogeneizar la prestación de estos servicios para todos los habitantes de la provincia. Sevilla no es una excepción, la provincia de Huelva, Córdoba o Jaén viven la misma situación.
España tiene los medios técnicos y económicos para evitar los cortes. “Los operadores públicos y las administraciones competentes tenemos la exigencia de adaptar nuestra gestión a la nueva sociedad, una sociedad más exigente y preparada, y que nos demanda más información y participar en la toma de decisiones que nos exige responsabilidades cuando las cosas no funcionan”, asegura Babiano. Un modelo donde el ciudadano está en el centro de la ecuación, ya que sin concienciación no habrá solución al problema. En gran medida, los operadores públicos lo están logrando a través de fuertes campañas de sensibilización y, sobre todo, con los procesos participativos de los planes de emergencia para los sistemas de abastecimiento ante situaciones de sequía. Pero este avance convive con la precariedad de suministro de muchas poblaciones rurales que, aún funcionando correctamente en situaciones de lo que denominamos falsamente como “normalidad”, precisan de inversiones inmediatas del Gobierno andaluz y/o Central y de las Diputaciones Provinciales si no queremos que la sequía tenga un grave impacto socioeconómico en el próximo año hidrológico.
En Andalucía más del 80% del agua va destinada a regadío. El agua es indispensable en todos los sectores económicos y para cualquier forma de vida, y la sequía no puede gestionarse de forma aislada al conjunto de la planificación: “Alguien tendrá que valorar qué regadíos son importantes en términos económicos, sociales y territoriales, no queda otra que construir una nueva política agrícola”, explica el gerente de AEOPAS. “Hay que detener las promesas de falsas ampliaciones de regadíos que generalmente no se cumplen y perseguir con toda la dureza de la ley los pozos ilegales”, recalca.
En Andalucía, la gestión hídrica será uno de los mayores retos colectivos y las organizaciones que componen la Mesa Social del Agua de Andalucía -CCOO Andalucía, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, FACUA Andalucía, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción Andalucía, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA- han reiterado la necesidad medidas urgentes para adaptarnos al cambio climático creando y protegiendo una agricultura profesional y familiar y un nuevo modelo de ciudad adaptado a las altas temperaturas y a las futuras olas de calor,
Las entidades sociales que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía, entre las que se encuentran las organizaciones agrarias, han elaborado y presentado un documento con medidas para que se ponga en marcha una transición hídrica justa, ecológica y social en Andalucía con carácter de urgencia.
La provincia de Sevilla desde la sequía de los 90 ha creado sistemas supramunicipales muy resilientes. Uno de esos sistemas es el Consorcio de Écija que, poco a poco, y a medida que las concesiones privadas han ido caducando, ha incorporado a muchos municipios de la campiña. Esta estrategia, que goza de gran consenso social y político, se ha visto truncada esta semana cuando el alcalde de Écija -que posiblemente no será candidato a su reelección- elevó al pleno una prórroga de la concesión a la empresa que gestiona los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado, Aqua Campiña, filial de Aqualia, prorrogando para diez años la concesión del servicio a esta multinacional extranjera. En este caso se realiza la prorroga “a cambio de obras contra inundaciones”, obras que ya estarían garantizadas con la entrada del municipio en el Consorcio y además, con la garantía de que serían ejecutadas por empresas locales y no por una multinacional.
En Torrox, en la Axarquía de Málaga, y en un contexto de sequía, también se concedió prórroga de 15 años en el contrato con Aqualia a cambio de renunciar a reclamar 1,5 millones. A pesar de que conste en el expediente informes negativos de la secretaría, intervención y del servicio de contratación, además de recogerse la obligatoriedad de solicitar, con carácter previo a la adopción del acuerdo, un informe al Consejo Consultivo de Andalucía.