Lo que sabemos de la sequía: No habrá agua para todo
Jesús Vargas es profesor de Geografía de la Universidad de Málaga y experto en gestión de recursos hídricos y riesgos naturales. Ha sido uno de los promotores de la creación del Observatorio Ciudadano de la Sequía. En esta entrevista desvela lo que ya se sabe de la sequía.
El Observatorio Ciudadano de la Sequía es un proyecto financiado por la FECYT en la línea de proyectos de ciencia ciudadana. Es el resultado de una larga trayectoria del grupo de investigación Global Change Research Lab, de la Universidad Pablo de Olavide, sobre la mejora del conocimiento de las causas físicas y sociales del riesgo de sequía, y también de una larga relación con el IESA-CSIC de Córdoba y con el CREAF de Barcelona, Jesús vargas es uno de sus principales investigadores.
-El Observatorio Ciudadano de la Sequía se autodefine como un proyecto de ciencia ciudadana. ¿Qué es esto de ciencia ciudadana?
-La ciencia ciudadana es una forma de hacer ciencia que involucra y fomenta la contribución activa de los ciudadanos en los procesos de investigación. Existen diferentes formas de hacer ciencia ciudadana, desde la participación voluntaria de la ciudadanía para la recopilación de datos, hasta la inclusión de la ciudadanía en el diseño de las preguntas y los procesos de investigación. Es en definitiva, una forma de hacer ciencia con la gente, aprovechando el conocimiento y los recursos de las personas no expertas y promoviendo la cultura científica entre la ciudadanía.
-¿Y de qué trata el Observatorio Ciudadano de la Sequía?
-El objetivo del Observatorio Ciudadano de la Sequía es mejorar el conocimiento del riesgo de sequía, especialmente en relación con la vulnerabilidad y los aspectos sociales e institucionales, a los que tradicionalmente se les ha prestado menor atención desde la ciencia, pero que resultan fundamentales para abordar las medidas de adaptación necesarias. Además, otro aspecto clave del proyecto es hacer este conocimiento accesible a la ciudadanía, con el objetivo de reforzar el debate público sobre la gestión de este riesgo que nos atañe a todos. Además de avanzar en cuestiones técnicas y metodológicas sobre la predicción de las sequías y la evaluación de la vulnerabilidad a este riesgo, desarrollamos visores interactivos con toda la información relativa a los usos y el estado del agua y la sequía en España y estudios de opinión pública sobre percepción del riesgo y preferencias de la ciudadanía por distintas medidas de gestión del agua y la sequía. Además, vamos a celebrar un sorteo cívico y un ejercicio deliberativo para avanzar en recomendaciones de adaptación a la escasez de agua.
-Uno de los objetivos de este Observatorio es mejorar el conocimiento del riesgo de sequía y de la escasez hídrica en España. ¿Qué sabemos de la sequía que estamos afrontando?
-La característica diferencial de esta sequía, que no es una de las más intensas que hemos vivido en cuanto al descenso de las precipitaciones, es que se ha combinado con la aparición de unas temperaturas anormalmente altas desde el mes de mayo y con la aparición de tres olas de calor durante el verano. Algo que previsiblemente se convertirá en la nueva realidad climática de España. Pero para analizar la situación de sequía actual, es necesario diferenciar entre los conceptos de sequía y escasez, porque hacen alusión a fenómenos diferentes y, además, exigen soluciones diferentes.
-¿Tiene solución la sequía?
-La sequía es un fenómeno natural caracterizado por el descenso temporal de las precipitaciones en un lugar determinado respecto a los valores normales. Es algo inherente a nuestro clima, que ha ocurrido siempre y que, según los pronósticos de cambio climático, se reproducirá de manera más intensa y más frecuente en el futuro. La opción es ser conscientes de esta situación, adaptar las demandas económicas del agua en consecuencia y poner en marcha planes de sequía que nos permitan prevenir y mitigar los efectos a medida que la sequía avanza para evitar situaciones de emergencia. La escasez, por su parte, se refiere a la insuficiencia de recursos hídricos para satisfacer las demandas. Es, por tanto, una cuestión vinculada a la forma de gestionar y explotar los recursos hídricos.
-¿Hemos llegado tarde para afrontar esta medida?
-Las administraciones diferencian la medición de la sequía de la de escasez y los datos del último año y medio nos han estado mostrando cómo a pesar de que los datos no indicaban que estábamos en una situación de sequía, para varios sistemas se declaraba la situación de escasez como de alerta y emergencia. Esto no quiere decir que el descenso de las precipitaciones no haya sido importante, y que, además, se esté prolongando en el tiempo, pero sí nos indica que a esta situación se ha llegado en gran medida porque el nivel de estrés hídrico al que hemos sometido a nuestros recursos hídricos de forma estructural es insostenible e incapaz de soportar un período de sequía, aunque este no sea especialmente intenso. La realidad es que no hemos sido lo suficientemente ahorradores cuando comenzaban a reducirse las precipitaciones y así hemos llegado a situaciones graves, como es el caso del Guadalquivir, con una reserva de agua del 18,5% o el Guadalete-Barbate, con una reserva del 21,5%.
-El conocimiento de la escasez de agua nos permite también plantear posibles soluciones, sobre todo en el contexto de cambio climático y de transición hidrológica en el que nos encontramos. ¿Puedes avanzarnos algunas de ellas?
-Los pronósticos de cambio climático nos alertan de una disminución de los recursos hídricos disponibles en España que podría alcanzar en torno al 20% en las siguientes décadas, y además, de un aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías. En la actualidad, muchas demarcaciones hidrográficas españolas, y especialmente las andaluzas, están sometidas a niveles de estrés hídrico severo. Reducir la presión sobre los recursos hídricos, es decir, sanear los balances entre la disponibilidad de agua y las demandas, es la mejor garantía de futuro para poder afrontar los siguientes períodos de sequía. Esto pasa inevitablemente por perseguir de manera decidida el consumo ilegal de agua, limitar la expansión del regadío, que en Andalucía consume más del 80% del agua y restructurar el modelo de producción agraria. Esto último exige un proceso profundo de reflexión y debate entre usuarios, gestores, ONGs, y científicos en los que se tengan en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales.
-A muchas personas les inquieta que se estén demoliendo embalses.
-Si bien es cierto que en 2021 se han demolido en España 108 barreras fluviales en España (según el Informe Dam Removal Progess 2021, elaborado por la Fundación Mundial de Migración de Peces) y que esto ha sido recogido con cierta alarma por algunos medios, estas barreras fluviales suponen el 0,06% de las 171.203 existentes en España y de las que se han demolido, el 76% tienen una altura menor de dos metros, por lo que su capacidad de regulación es ínfima. La eliminación de barreras fluviales es algo normal, y en muchos casos deseable, cuando como es el caso, están obsoletas y en deshuso. Es algo que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno, con la diferencia de que, en otros países, estas demoliciones llevan haciéndose varios años. Por eso, tener en cuenta solamente los datos de 2021, provoca una interpretación errónea o sesgada de los datos, si nos comparamos con el resto de los países europeos. Las presas tienen una vida útil de unos 50 o 60 años y si no se gestionan o renuevan pueden suponer un riesgo al llenarse de sedimentos y potenciar el efecto de las inundaciones, con graves riesgos para la población, además de los evidentes efectos de romper la continuidad fluvial y la alteración de esosistemas que eso supone. En este sentido, es importante matizar que España es el país europeo con un mayor número de grandes presas (más de 1.200 según datos del MITECO), con una capacidad de regulación de 56.000 hm3 y ninguna de ellas se encuentra entre las 108 barreras fluviales que han sido demolidas.
-Dicen en el Observatorio Ciudadano de la Sequía que es necesario el diálogo entre la ciencia, la política y la sociedad. ¿Son ámbitos muy distantes en la actualidad o existe ese diálogo?
-Las universidades y centros de investigación son lugares de generación de un conocimiento muy valioso y diverso e indudablemente ese conocimiento debe revertir en la sociedad. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante por acercar las esferas de la ciencia, la sociedad y la política (o más bien la gestión). La ciencia ciudadana es un ejemplo de cómo aproximar la ciencia a la ciudadanía, facilitar intercambios de conocimiento y generar cultura científica. Es interesante en este sentido la actividad del grupo motor promovido por el Ministerio de Universidades, para impulsar la Ciencia Ciudadana o iniciativas como la de Ciencia en el Parlamento. También en la política, al menos en el ámbito de la gestión del agua y los riesgos naturales, hay una mayor permeabilidad de las administraciones a los aportes y colaboraciones desde la investigación, que se traduce en una mayor interacción entre ciencia y política. En todo caso, todavía queda camino por recorrer. También desde el ámbito de la ciencia se debe seguir avanzando en la divulgación, la transferencia y la generación de resultados accesibles y comprensibles para el conjunto de la ciudadanía.
-El agua es ya en muchos sitios como Australia o EEUU, un producto sobre el que se está especulando. Se compran derechos de agua y se juega en bolsa con el agua como si fuera una mercancía. En 2020 la ONU declaró el agua derecho humano. ¿Ha servido de algo?
-Ha servido de mucho. Que un organismo como Naciones Unidas tome la decisión de declarar el Derecho humano al agua (incluye abastecimiento, saneamiento e higiene) es un paso fundamental para introducir el debate entre la ciudadanía y en las agendas políticas a todos los niveles. Aunque hacer operativo el Derecho Humano al Agua desde un punto de vista legal es un proceso complejo y todavía no resuelto, sí existen buenas iniciativas que se están implantando en Andalucía, con el objetivo de dar cumplimiento a este derecho. Estas iniciativas tienen que ver con el desarrollo de mecanismo, por parte de algunas empresas públicas de abastecimiento de agua para introducir el acceso a un mínimo vital de agua, esto es la cantidad mínima de agua de la que cada persona debería disponer para atender sus necesidades más básicas dentro de su hogar, de manera que la condición económica de la población no suponga una limitación a este acceso.
-En la Junta de Andalucía, el presidente andaluz ha dicho que esta es la candidatura del agua y que “habrá agua para todos”.
-Cualquiera que conozca mínimamente los datos del agua sabe que los números no dan. Las demandas de agua están al límite de los recursos hídricos disponibles y en algunos casos incluso por encima. Es una cuestión de números y los números no dan. En el contexto de cambio climático actual de hecho, los números nos indican lo contrario. Además, aunque la Junta de Andalucía tenga la competencia de agricultura y de agua en las cuencas internas (Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y Cuencas Mediterráneas Andaluzas), las competencias de agua del Guadalquivir, la de mayor superficie en Andalucía, son del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dependiente del Estado, por lo que se puede genera una falsa expectativa de disponibilidad de agua sobre una amplia parte del territorio del que no se tienen las competencias.