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La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. EFE/Chema Moya
Nace PROSOXI: un observatorio civil para la transición ecológica socialmente justa
Varias organizaciones y fundaciones crean la alianza “Prosoxi: Observatorio para la transición ecológica socialmente justa” para implicar a la sociedad civil en el diseño y evaluación del programa Next Generation de la UE y los fondos económicos del Plan de Reconstrucción y Resilencia.
La Unión Europea y España quieren aprovechar la respuesta a los efectos sociales y económicos de la pandemia provocada por la Covid-19 para acelerar el proceso de cambio de modelo productivo para hacerlo más descarbonizado y verde y contribuir de esa manera a la lucha contra el cambio climático y a la generación de nuevos sectores y actividades económicas y la creación de millones de empleos verdes.
El programa Next Generation de la UE y los fondos económicos del Plan de Reconstrucción y Resilencia dotados con 700 mil millones de euros para toda la Unión Europea son el centro de estas nuevas políticas y de ellos 140 mil millones llegarán a España en los próximos años). Un 37% de estos fondos tiene que ser invertidos en financiar programas y actividades de transición ecológica justa y otro 10% en la mejora de la biodiversidad. Programas que deben ceñirse a las condiciones establecidas por la UE.
En el marco de esta voluntad, el observatorio Proxoxi va a solicitar al gobierno que cree una mesa de diálogo con las organizaciones sociales y ambientales que quieran involucrarse en este proceso de reconstrucción social, ambiental y económico en el que tanto nos jugamos como país y como sociedad no solo en el presente, si no especialmente, en el futuro.
Este observatorio civil va a realizar análisis de las decisiones y proyectos que se vayan conociendo y aprobando en el marco del Plan y, ceñidos al eje de la Transición Ecológica para trasladarlos al conocimiento del conjunto de la sociedad. “Creemos que la información, la transparencia y la participación forman parte también del éxito de este Plan”, han asegurado sus promotores.
En este sentido, respecto a los procedimientos, participación pública, transparencia y gobernanza, han valorado ya positivamente que el gobierno de España haya elaborado y entregado a la UE antes del 30 de abril el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resilencia. “Lamentamos que haya otros países que aún no lo hayan hecho y que eso, y otros obstáculos que siguen apareciendo, puedan suponer un retraso en la llegada de los fondos”, aclaran.
“Consideramos especialmente peligroso que el Decreto permita excluir del procedimiento de evaluación ambiental a algunos de los proyectos que reciban fondos europeos a partir de una declaración a priori de que tales proyectos supondrán mejoras de eficiencia y no supondrán un impacto ambiental significativo”, apuntan. Según fuentes del observatorio “esta exclusión podría vulnerar la directiva europea en materia de evaluación ambiental y además no se alinea con el Reglamento europeo de los fondos, cuyo artículo 19 deja claro que se debe garantizar que ninguno de los proyectos generará un perjuicio significativo a objetivos medioambientales”.
Por otra parte, aseguran que los mecanismos de gobernanza y participación puestos en marcha y previstos por el Plan “son insuficientes”, puesto que se prevé el diálogo con otras administraciones y se pone en marcha una Mesa de Diálogo Social con organizaciones sindicales y empresariales, pero no hay previsto mecanismo alguno para el diálogo y participación de otros actores de la sociedad civil organizada, muy especialmente con entidades cuyos objetivos son, precisamente, impulsar una transición verde y justa.
Denuncian también que no se prevé la participación de la sociedad civil en la evaluación y seguimiento de tales fondos ni en la proposición de proyectos e implementación de proyectos que pudieran acogerse a tales fondos.
Otro signo de insuficiente transparencia, según Prosoxi es que tan sólo es posible conocer los fondos totales asignados a cada uno de los 30 componentes del Plan, pero tales fondos no aparecen desglosados para cada una de las medidas de inversión. Dado que tales medidas tienen una naturaleza muy diferente, resulta difícil valorar qué medidas en concreto se van a priorizar realmente, dentro de cada componente. Ni se concretan esas actuaciones, ni se dimensionan, ni se localizan en el territorio, ni se identifican los responsables de su ejecución. Hay que recordar que estos datos ya están disponibles, por ejemplo, en Portugal desde hace semanas.