El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Utrera (Sevilla) se ha hecho cargo de la denuncia promovida por la Fiscalía contra el ex alcalde de El Coronil y de nuevo candidato a la Alcaldía José Antonio Núñez (IU-CA). La denuncia del Ministerio Público surge ante un posible delito de prevaricación "continuada" en 52 enajenaciones de suelos de titularidad municipal promovidas durante el mandato de Núñez, pues según el actual Gobierno socialista, fueron consumadas con el informe contrario de la secretaria interventora y en ellas mediaba una supuesta "falsificación" de las resoluciones de Alcaldía al objeto, siempre presuntamente, de ocultar a los compradores que las operaciones no contaban con el beneplácito de los altos funcionarios municipales.
El actual alcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero (PSOE), ha informado a Europa Press de que, después de que el Ayuntamiento elevase al Ministerio Público toda la documentación correspondiente a estos hechos y la Fiscalía de la Audiencia provincial promoviese la mencionada denuncia contra José Antonio Núñez, el Juzgado mixto número cuatro de Utrera ha admitido la denuncia. A tal efecto, ha informado de que él mismo ha sido citado a declarar, en calidad de testigo, el próximo martes a las 12,00 horas.
En un escrito firmado el pasado 22 de diciembre de 2010 por el fiscal Luis Martín Robredo y recogido por Europa Press, el Ministerio Público comunicaba al Ayuntamiento de El Coronil que los hechos elevados a la Fiscalía en cuanto a este caso se habían traducido, finalmente, en una denuncia de la Fiscalía contra José Antonio Núñez "como presunto autor de un delito de prevaricación continuada".
Todo parte, según había informado el propio Jerónimo Guerrero, de un informe emitido el 15 de febrero de 2005 por la secretaria interventora del Ayuntamiento de El Coronil en cuanto a la segregación y operaciones de venta de 52 parcelas de titularidad municipal ubicadas en el sector Viña de los Pinos. Todas estas ventas, con sus correspondientes contratos, fueron promovidas en este periodo de 2005 por el Gobierno municipal que lideraba José Antonio Núñez, quien habría consumado las operaciones mediante resoluciones de Alcaldía.
El informe de la secretaria interventora en cuestión, recogido por Europa Press, advierte de que "corresponde al pleno de la Corporación" resolver sobre estas operaciones de venta al superar el valor de la operación el diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto municipal. Además, dicho informe alerta de que está "prohibida expresamente" la "enajenación directa" de este tipo de patrimonio, en alusión a estas resoluciones de Alcaldía.
"NO SE AJUSTAN A DERECHO"
El informe advierte también de que las operaciones de venta en cuestión habrían de ser precedidas de la inscripción, en el Registro de la propiedad, de los correspondientes convenios urbanísticos y proyectos de reparcelación, pues "sin el cumplimiento de estos trámites, la enajenación no se ajusta a derecho y, además, los bienes no podrán acceder al Registro de la Propiedad".
Otro de los aspectos censurados por la secretaria interventora es la obligatoriedad de que la Consejería de Gobernación autorizase tales enajenaciones al superar la valoración de los bienes el 25 por ciento de los recursos ordinarios de la corporación, toda vez que el Ayuntamiento esgrimía en la documentación elevada a la Fiscalía diversos documentos mediante los que el por entonces delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Demetrio Pérez, requiere al Gobierno municipal de Núñez "copia compulsada y completa" de los expedientes administrativos relativos a estas enajenaciones, pues "de lo contrario se carece del conocimiento de los elementos de juicio necesarios para el control de la legalidad".
POSIBLE "FALSEDAD DOCUMENTAL"
Por último, la documentación recabada por el Ayuntamiento y elevada a la Fiscalía revela una posible "falsedad documental", según Jerónimo Guerrero. Y es que sobre las resoluciones de Alcaldía relativas a estas enajenaciones existirían "dos copias" con "diferente contenido" pero con el mismo motivo para, siempre supuestamente, ocultar a los compradores las citadas incidencias que pesaban sobre los procedimientos de enajenación.
En efecto, la documentación recopilada por el Ayuntamiento incluye dos documentos con el encabezamiento 'Resolución de Alcaldía Nº 88/2005', toda vez que uno de ellos, con destino a la Consejería de Gobernación, da cuenta simplemente de una enajenación de suelos del sector Viña de los Pinos incluido en el capítulo IV de "enajenación de inversiones" del presupuesto municipal de 2004 y el otro, en torno a estos mismos términos, recoge las incidencias advertidas por la secretaria interventora y da cuenta de la operación "a pesar" de dicho informe contrario.
