El volumen de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) no para de crecer. Lejos de ir cerrándose capítulos, la jueza Mercedes Alaya, antes de marcharse de vacaciones, ha ampliado la investigación al período comprendido entre 2010 y la actualidad, es decir, a todas las ayudas concedidas por el Gobierno de José Antonio Griñán. La magistrada quiere saber si tras cambiarse el sistema de financiación también se siguieron cometiendo irregularidades, como las detectadas entre 2001 y 2010, periodo en el que se centraban hasta ahora las pesquisas.
En un auto fechado el pasado 18 de julio, la magistrada, a petición de la Intervención General del Estado que colabora en la causa, reclama a la Junta de Andalucía que le aporte abundante documentación, entre ella, la relativa a las ayudas concedidas a partir del 27 de abril de 2010 a través de la llamada encomienda de gestión, figura que sustituyó a las transferencias de financiación utilizadas desde 2001 y tras las que la jueza ve indicios de irregularidad. Así, la Junta deberá aportar todos los expedientes y documentos contables que se hayan tramitado en todo o en parte de su cuantía entre 2011 y 2012, con este nuevo sistema de pago de las ayudas.
Alaya también quiere examinar "todas las certificaciones de los acuerdos del Consejo de Gobierno por el que se autoricen encomiendas de gestión a agencias de diferentes consejerías"; pero también, toda la "documentación justificativa de los pagos realizados por IDEA en mayo, octubre, noviembre y diciembre de 2010, cuya justificación podía ser diferida hasta diciembre de 2010". Esta agencia, al ser la que canalizó los pagos de las ayudas, también deberá aportar los datos sobre su contabilidad de los ejercicios 2010 y 2011, junto con la Memoria auditada, estados financieros, balance de situación y libros diario y mayor.
Pero, la jueza no sólo se va a centrar en los pagos y en las cuentas realizados por IDEA, ya que pide todas las modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011 y que guarden relación con las agencias IFA e IDEA, tanto de transferencias de explotación, de capital como de financiación.
Además, para poder desarrollar al completo la investigación, la jueza también quiere contar con la "relación de empresas y el número de trabajadores solicitantes de cada empresas" de las ayudas sociolaborales de 2011. De igual modo, quiere conocer los expedientes de nulidad que la Consejería de Empleo haya iniciado después de detectarse las irregularidades en las ayudas investigadas hasta ahora, otorgadas por la Dirección General de Trabajo.
De igual modo, Alaya reclama un convenio marco firmado el 27 de julio de 2000 entre el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y el que fuera presidente del IFA Salvador Durbán, que, a su juicio, "pudo dar origen al procedimiento específico" del convenio de julio de 2001 (firmado por Viera y el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández), en virtud del cual se empezó a otorgar las ayudas.
Por último, la magistrada, que critica en otro auto el "aspecto novelesco o de serial televisivo" que se le está dando al caso por parte de los medios, le encarga a la Guardia Civil que aclare cuáles son las cooperativas que se integran en la asociación que en la actualidad dirige el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, según reconoció él mismo en su declaración como imputado.
