La jueza Mercedes Alaya sitúa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el punto de partida que dio origen al “sistema operativo” en el que se basaron todas las ayudas irregulares concedidas a cargo del llamado fondo de reptiles. En el relato de imputación de hechos, cuya lectura le ha llevado hora y media, le recuerda que como viceconsejero de Empleo y presidente del IFA firmó en 2001 en convenio que posibilitó la concesión de ayudas. Un convenio que también fue firmado por el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera. Alaya le imputa seis delitos.
El relato de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha sido minucioso y extenso y del mismo se desprende la imputación de los delitos de cohecho, falsedad en documento mercantil, y los continuados de fraude de subvenciones, negociación prohibida para funcionario (tráfico de influencia), malversación y prevaricación.
Así, la jueza ha comenzado recordándole que junto con personal de la Consejería de Empleo y asesores externos el fue uno de los promotores en 2001 del convenio que posibilitó lo que ha venido a denominar como “el sistema operativo” bajo el que se ampararon las ayudas fraudulentas, que se otorgaron de forma “arbitraria”, “sin control alguno”, “con total ausencia de procedimiento” y bajo criterios de “discrecionalidad”. Unas subvenciones que ha tachado de “nulas de pleno derecho”.
De hecho, Alaya considera que Antonio Fernández, que ya declaró en una ocasión ante ella aunque como testigo del caso Mercasevilla, conocía de “forma directa” o por “desidia” la concesión de ayudas irregulares. Así, le ha señalado también su responsabilidad en las subvenciones concedidas a empresas de la Sierra Norte, “todas ellas a personas cercanas”, y de Jerez de la Frontera, localidad natal del exconsejero. Además, ha recalcado que el destino de estas ayudas eran fines ilícitos, como compra de fincas o de cocaína.
También le ha expuesto que se están investigando tres ayudas que pasaron por el Consejo de Gobierno, al parecer las únicas, que iban destinadas a Santana Motor, Acyco y Promi; así como que su relación laboral estaba extinguida cuando fue incluido en el ERE de las bodegas González Byass y que si renunció a la póliza fue porque el proceso judicial ya estaba abierto, pues de lo contrario hubiera comenzado a cobrarla en mayo de 2012.
Alaya le ha recordado también que incurrió en compatibilidad durante un mes en el que continuó como parlamentario y presidente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez, incumpliendo así la Ley de Incompatibilidades.
En estos momentos, Fernández está contestado ya a las preguntas de la jueza Mercedes Alaya. Según manifestó a su llegada a los juzgados su intención es contestar a todas las cuestiones.
