Rodrigo Torrijos saliendo de los Juzgados.
La juez que investiga el caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, dictó este viernes auto de procedimiento abreviado por la venta fraudulenta de los terrenos del mercado contra Antonio Rodrigo Torrijos, exprimer teniente de alcalde y actual portavoz municipal de IU, y otras 15 personas. En un auto al que tuvo acceso Efe, la juez rectifica un auto anterior en el que convertía la causa en sumario y establece un procedimiento abreviado en el que acusa a los altos cargos y funcionarios municipales procesados de haber hecho un concurso a la medida de la inmobiliaria Sanma y haber valorado las ofertas presentadas de modo que beneficiaron ilegítimamente a esta empresa, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su principal competidora, Noga.
Es la primera de las macrocausas que instruye la juez Alaya que llega a su final y la magistrada da diez días al fiscal y a la acusación particular para que presenten sus escritos de calificación contra los procesados, entre los que se encuentran, junto a Torrijos, el exconcejal socialista Gonzalo Crespo, los sucesivos gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena, y Domingo Enrique Castaño, asesor del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE). Además son acusados los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y los empresarios de Sando matriz de Sanma José Luis Sánchez Domínguez, Luis Sánchez Manzano y José Luis Miró. A los delitos de prevaricación y falsedad Alaya añade el de asociación ilícita, pues algunos de los imputados se habrían organizado, con cierta consistencia y jerarquía, en torno a la figura de Domingo Enrique Castaño y Fernando Mellet para realizar cada uno su ilícito cometido.
El auto relata que ante la situación económica particularmente grave de Mercasevilla en 2004, los acusados se pusieron en contacto con Sanma para ofrecerle la compra de sus terrenos, pues ante la inminencia de su traslado se generaba una amplitud de negocio importante, por la bolsa de terreno que quedaría libre y la operación de traslado y construcción de la nueva sede.
Los acusados primero consiguieron que Sanma se hiciera con los derechos de superficie que tenía la empresa Larena y luego diseñaron un concurso a la medida justa de Sanma que contó con la oposición del secretario del Ayuntamiento, partidario de la subasta pública, según el auto que ayer hizo público la magistrada.
