La jueza Mercedes Alaya continúa embargando bienes a los imputados en el fraude de los ERE. En esta ocasión, el juzgado de Instrucción número 6 ha ordenado que se embargue al exsindicalista y exparlamentario del PSOE Ramón Díaz un vehículo Audi, sus ingresos y una vivienda sita en Sevilla para asegurar la fianza de 2,1 millones de euros impuesta por su supuesta participación. Por otro lado, la jueza ha enviado un escrito al Juzgado de Pozuelo de Alarcón recordándole la «urgencia» de que un forense examine al empresario José María Ruiz-Mateos para comprobar si puede venir o no a declarar.
En un decreto, la secretaria judicial indica que se procede al embargo de los bienes de Ramón Díaz, que fue asesor del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y mano derecha del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, después de que no haya puesta a disposición del juzgado ninguno de sus bienes como se le indicó el pasado 27 de febrero, cuando se le otorgó 10 días para ello.
Por este motivo, el juzgado, tras averiguar sus bienes, le embarga un Audi A4, «las retribuciones, rentas o pensiones que en concepto de prestaciones contributivas perciba del Instituto Nacional de la Seguridad Social», de una finca urbana situada en Sevilla, de los saldos bancarios y de las devoluciones pendientes de percibir por la Agencia Tributaria. Díaz fue citado a declarar el 11 de octubre de 2013, aunque se acogió a su derecho a guardar silencio. Alaya le imputó entonces los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias y la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le impusiera una fianza de dos millones de euros.
Una semana después, la magistrada le imponía los 2,1 millones de fianza que ahora se le reclama con sus bienes por «su participación en relación a las ayudas a Calderinox y SAT Virgen del Espino». La jueza cree que Díaz hizo valer su influencia como asesor del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para «incluir dos intrusos en el expediente de Calderinox», así como su presunta implicación en la ayuda sociolaboral a SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores por una cuantía total de 450.000 euros, «cuando dicha empresa sólo tenía dos trabajadores en la empresa y parecer ser que, en realidad, era para pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago». De los 2,1 millones de euros de fianza civil impuestos, 700.000 euros fueron fijados por su «contribución personal» a la negociación de una serie de expedientes, como los de la Faja Pirítica de Huelva, Saldauto o Primayor.
Por otro lado, la magistrada ha enviado una diligencia a los juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, recordándole «el urgente cumplimiento» del reconocimiento forense reclamado para José Ruiz-Mateos, «dado el tiempo transcurrido», hace ya tres meses, desde que se reclamó el informe. Ruiz-Mateos alegó la imposibilidad de acudir a declarar como imputado por motivos de salud.
Queja ante el TSJA. Por otro parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respaldó ayer la actuación de Alaya, al ordenar a la Guardia Civil inspeccionar el móvil de un periodista, que lo había dejado apagado cargando en el enchufe situado junto al despacho de la magistrada, por sospechar que podía estar grabando.
La Sala archiva así la queja de la Asociación de la Prensa de Sevilla basándose en cuestiones de «proporcionalidad a la hora de adoptar medidas de injerencia en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones». La resolución dice que «el incidente debe ser valorado en el contexto de las investigaciones» que lleva a cabo Alaya y su deseo de «evitar filtraciones».
La jueza Mercedes Alaya continúa embargando bienes a los imputados en el fraude de los ERE. En esta ocasión, el juzgado de Instrucción número 6 ha ordenado que se embargue al exsindicalista y exparlamentario del PSOE Ramón Díaz un vehículo Audi, sus ingresos y una vivienda sita en Sevilla para asegurar la fianza de 2,1 millones de euros impuesta por su supuesta participación. Por otro lado, la jueza ha enviado un escrito al Juzgado de Pozuelo de Alarcón recordándole la «urgencia» de que un forense examine al empresario José María Ruiz-Mateos para comprobar si puede venir o no a declarar.
En un decreto, la secretaria judicial indica que se procede al embargo de los bienes de Ramón Díaz, que fue asesor del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y mano derecha del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, después de que no haya puesta a disposición del juzgado ninguno de sus bienes como se le indicó el pasado 27 de febrero, cuando se le otorgó 10 días para ello.
Por este motivo, el juzgado, tras averiguar sus bienes, le embarga un Audi A4, «las retribuciones, rentas o pensiones que en concepto de prestaciones contributivas perciba del Instituto Nacional de la Seguridad Social», de una finca urbana situada en Sevilla, de los saldos bancarios y de las devoluciones pendientes de percibir por la Agencia Tributaria. Díaz fue citado a declarar el 11 de octubre de 2013, aunque se acogió a su derecho a guardar silencio. Alaya le imputó entonces los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias y la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le impusiera una fianza de dos millones de euros.
Una semana después, la magistrada le imponía los 2,1 millones de fianza que ahora se le reclama con sus bienes por «su participación en relación a las ayudas a Calderinox y SAT Virgen del Espino». La jueza cree que Díaz hizo valer su influencia como asesor del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para «incluir dos intrusos en el expediente de Calderinox», así como su presunta implicación en la ayuda sociolaboral a SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores por una cuantía total de 450.000 euros, «cuando dicha empresa sólo tenía dos trabajadores en la empresa y parecer ser que, en realidad, era para pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago». De los 2,1 millones de euros de fianza civil impuestos, 700.000 euros fueron fijados por su «contribución personal» a la negociación de una serie de expedientes, como los de la Faja Pirítica de Huelva, Saldauto o Primayor.
Por otro lado, la magistrada ha enviado una diligencia a los juzgados de Instrucción de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, recordándole «el urgente cumplimiento» del reconocimiento forense reclamado para José Ruiz-Mateos, «dado el tiempo transcurrido», hace ya tres meses, desde que se reclamó el informe. Ruiz-Mateos alegó la imposibilidad de acudir a declarar como imputado por motivos de salud.
queja ante el tsja. Por otro parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respaldó ayer la actuación de Alaya, al ordenar a la Guardia Civil inspeccionar el móvil de un periodista, que lo había dejado apagado cargando en el enchufe situado junto al despacho de la magistrada, por sospechar que podía estar grabando.
La Sala archiva así la queja de la Asociación de la Prensa de Sevilla basándose en cuestiones de «proporcionalidad a la hora de adoptar medidas de injerencia en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones». La resolución dice que «el incidente debe ser valorado en el contexto de las investigaciones» que lleva a cabo Alaya y su deseo de «evitar filtraciones».
