La jueza Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo, ha imputado a la que fuera asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa tres delitos continuados de malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. Rofa se ha negado a declarar y se ha limitado a ratificar su declaración ante la Guardia Civil, tras lo que la Fiscalía ha solicitado que se le impongan una fianza de 205 millones de euros para asegurar la responsabilidad civil, no para eludir la cárcel. La Junta, en cambio, ha reclamado 3,5 millones de euros, mientras que el PP y los sindicatos UGT y Manos Limpias han dejado la imposición de la fianza a criterio de la magistrada.
Según explicaron fuentes del caso, Rofa se ha acogido a su derecho a no declarar, limitándose a ratificar lo que ya en su día declaró ante los agentes de la Guardia Civil. No obstante, ha querido matizar que se reserva el derecho a presentar un escrito con alegaciones si está en desacuerdo con lo que puedan declarar otros imputados a lo largo del mes de julio y que le afecte directamente a ella. Además, también le ha indicado a la jueza, que ella no es funcionaria, sino que tenía un contrato con la Fundación Pública Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Tras su intervención, la Fiscalía solicitó que se le imponga una fianza de 205 millones de euros para asegurar la posible responsabilidad civil, en caso de que sea condenada, mientras que la Junta reclamó 3,5 millones de euros, que se corresponde con las cuantías cobradas por los intrusos incluidos en el ERE de Calderinox, el exdirector general de Trabajo y Asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés y el sindicalista de CCOO Antonio Fernández Garzón, además de tres ayudas a empresas.
El PP no solicitó ninguna fianzan y los sindicatos Manos Limpias y UGT la dejaron a criterio de la magistrada; mientras que el abogado del empresario José María Sayago y el director de administración y finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, Juan Carlos Alférez, ha solicitado que no se le imponga fianza a los imputados "que no tenían poder de decisión", sino que "cumplían con un procedimiento impuesto por las altas esferas".
La comparecencia de Rofa ha sido muy breve, ya que la jueza no le ha leído la imputación de hechos, limitándose a que relatarle los tres delitos continuados que le imputa: prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos. Ella se ha mostrado contraria a su imputación.
