La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, está dando pasos que indican que se va a inhibir del proceso al estar incluidos siete aforados. Ya ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que informe de inmediato sobre qué tribunal es competente para instruir la causa respecto a estas personas que han sido preimputadas, puesto que entre ellas hay parlamentarios autonómicos y nacionales. Esta decisión la podría adoptar en este mes de julio.
Los preimputados son Manuel Chaves como presidente de la Junta entre 1990 y el 2009; José Antonio Griñán como consejero de Economía y presidente de la Junta entre el 2009 y el 2013; José Antonio Viera como consejero de Empleo entre el 2000 y el 2004, y Carmen Martínez Aguayo por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento desde 2009 al 2013. También están preimputados Manuel Recio, consejero de Empleo entre el 2010 y el 2012; Francisco Vallejo como titular de Innovación entre el 2004 y el 2009, y Antonio Ávila como consejero de Economía e Innovación desde el 2010 a 2013. Los diputados o senadores mencionados están aforados ante el Tribunal Supremo y los parlamentarios andaluces lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ello la petición realizada por la juez para que el fiscal se pronuncie sobre el tribunal que debe seguir investigando a los aforados.
La causa de los ERE acumula ya 201 imputados, de los que una treintena son ex altos cargos de la Junta y algunos de ellos exconsejeros aunque en la actualidad no están aforados, como es el caso de Magdalena Álvarez, consejera de Economía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004-2010).
La juez Alaya lleva varios meses trabajando en el auto de inhibición, en el que incluso ha hecho correcciones aprovechando las comparecencias de las últimas semanas de imputados que se acogieron a su derecho a no declarar. Alaya debe elevar al tribunal superior correspondiente una «exposición razonada» con sus indicios contra los aforados.
La magistrada ha anunciado en autos recientes el «inminente fin» de la instrucción, aunque fuentes del caso destacan que hasta ahora apenas se ha investigado el 5 por ciento de las 401 ayudas bajo sospecha y quedan por practicar pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados. En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las «medidas necesarias» para evitar las «irregularidades».
En un escrito del 31 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción pidió de nuevo la elevación al Supremo porque la investigación «está ya agotada en esta sede judicial sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero» y la juez ha dejado de ser la competente para seguir instruyéndolo. Anticorrupción ha pedido también que la causa se divida en piezas, una por cada ayuda y otra para los aforados, con objeto de «simplificar y agilizar» el procedimiento, aunque este último aspecto ha sido rechazado por la juez.
Ruiz Mateos. Por otra parte, Alaya impuso ayer una fianza de 8.783.898 euros a los seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos por los cinco expedientes de su grupo empresarial en Andalucía. La juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, recoge que la familia Ruiz Mateos pagó 600.000 euros al «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas por cada uno de los expedientes en los que medió y que le pagaron en dinero B, en entregas quincenales de 20.000 o 25.000 euros y en billetes de 500.
