La jueza Mercedes Alaya ha vuelto al trabajo. A las 11 de la mañana y con su habitual maleta cargada de documentos a rastras, la magistrada llegó ayer al Prado de San Sebastián de Sevilla, a su despacho en el Juzgado de Instrucción número 6 tras casi seis meses de baja por enfermedad. Alaya retomará las riendas de su causa estrella: la de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos pagados con dinero de la Junta. También llevaba el caso Mercasevilla o el del Betis, hasta ahora en manos de dos jueces de refuerzo.
Su reincorporación se produce a unos días de cumplir el sexto mes de baja. Llegado ese momento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se haría cargo de las sucesivas bajas, que se concederían por un plazo de un mes. Pero una vez que pasaran dos meses aproximadamente, el órgano de los jueces podría iniciar un expediente para conceder una incapacidad a la magistrada, para apartarla de la carrera por motivos de salud. Alaya ha querido evitar esa situación y volvió ayer a su puesto. Se dio de baja el pasado 12 de septiembre por las fuertes cefaleas que sufría desde que se incorporó a su órgano judicial una vez concluidas las vacaciones de verano. La pasada semana, la magistrada presentó un nuevo parte de baja de otros 15 días, aunque fuentes consultadas por Europa Press ya apuntaron que "se encontraba mejor" de sus dolencias y que su intención, si todo transcurría con normalidad y no sufría nuevas recaídas, era reincorporarse a lo largo de esta semana.
Durante el tiempo que ha estado de baja, la instrucción de sus causas ha sufrido un parón. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió nombrar por un periodo mínimo de seis meses a dos jueces para reforzar el Juzgado número 6, en concreto a Ana Rosa Curra, que asumió el caso de los ERE, y Rogelio Reyes, que se quedó con la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié.
En paralelo, el Ministerio de Justicia aprobó destinar a este juzgado una secretaria de refuerzo, Rosa Vélez, que se incorporó el pasado lunes. Vélez pertenece a la bolsa de secretarios sustitutos y apoyará el trabajo que desarrolla el secretario de este órgano judicial, Luis Rodríguez Varo.
Secreto de sumario // El caso de los ERE fraudulentos se encuentra desde el pasado mes de noviembre bajo secreto de sumario, una medida que fue solicitada en su día por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para poder investigar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
Dentro de esta investigación, el 15 de enero fue detenido e ingresó en prisión provisional, por orden de la jueza Ana Rosa Curra, Juan Francisco Algarín, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los ERE financiados por la Junta. Algarín, a quien la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado en libertad bajo fianza de 10.000 euros, figuraba como administrador solidario de la empresa Distripack Transporte Urgente S.L. y habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros, según los datos que maneja la UCO de la Guardia Civil.
Contratos a garrigues // La consejera de Presidencia, Susana Díaz, manifestó que se "alegra" de que Alaya se haya reincorporado al juzgado porque, a su juicio, ahora se podrá "acelerar el procedimiento" para que "paguen cuanto antes aquéllos que hayan actuado mal". La consejera subrayó que la relación del Gobierno andaluz con la magistrada "siempre ha sido correcta y de respeto". Sin embargo, Alaya y la Junta han tenido varios tirones, sobre todo a cuenta de numerosa documentación que la magistrada ha reclamado reiteradamente a la Junta.
Esta semana se ha conocido que la jueza Ana Rosa Curra ha pedido al Gobierno andaluz y al bufete de abogados Garrigues información sobre los contratos firmados entre ambas partes. La magistrada ha identificado "las discrepancias" existentes, que ahora se propone aclarar, tal y como expone en un auto del pasado 18 de enero. Garrigues facturó servicios a la Junta al menos por 1,5 millones entre 2001 y 2011, según la relación de contratos reflejada en el sumario de la causa. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró ayer que los contratos con este u otro despacho de abogados son "habituales". El portavoz de Función Pública del PP-A, Rafael Ruiz Canto, exigió "explicaciones" al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre "por qué despojó" durante diez años a los servicios jurídicos de la Junta de sus funciones a favor de Garrigues. A su juicio, el Gobierno andaluz "no es claro ni transparente" en su gestión y debe aclarar "cuál es la cuantía real de los gastos ocasionados por los caprichosos recursos que impone la Junta".
