"No voy a dimitir. Cuando uno está tranquilo de que no ha hecho nada y de que las cosas han ido bien, dimitir sería asumir un coste que no me pertenece". Lo dijo ayer el alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL) a las puertas de su casa tras volver del ayuntamiento para ocupar de nuevo el sillón de la Alcaldía. Un día antes había pagado 300.000 euros para salir de la cárcel, en la que estuvo ocho meses por su presunta implicación en la mayor trama de corrupción municipal después de Marbella. Sobre Enciso pesan los delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, pero nada de esto le impide regresar a su cargo. Hasta que no haya una sentencia condenatoria firme en su contra, la ley lo protege.
"Jurídicamente todavía no ha hecho nada", asegura el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Manuel Medina. Los expertos consultados por este periódico coinciden en que la presunción de inocencia ampara a Enciso, que no hay ningún instrumento legal para desbancarlo de la Alcaldía ni para inhabilitarlo, ni tampoco hay margen político, porque al gobernar con mayoría absoluta superaría sin problemas una moción de censura. "Este es un caso de cultura política y de moral pública. Es indecente que vuelva al cargo, pero poco se puede hacer", sostiene Javier Torres Vela, profesor de Ciencias Políticas de la Pablo de Olavide. También la catedrática de Derecho Constitucional de la Hispalense Ana Carmona opina que es la "cultura política" la que debería empujar a los corruptos a abandonar su puesto "para preservar las instituciones". "Muchos políticos, avalados por sus partidos, se acogen a la presunción de inocencia" para mantenerse en el poder, añade.
Enciso no sólo no tiene intención de irse, sino que ya ha dejado claro que volverá a presentarse a las municipales el año que viene. La instrucción de un caso tan complejo como Poniente puede alargarse años hasta resolverse judicialmente. Malaya es el antecedente y, pese a destaparse en 2006, no habrá juicio hasta el próximo mes de septiembre. Enciso, que gobierna desde 1991 y ha ganado cinco elecciones, cuatro con el PP -del que se fue en 2005- y una con el PAL, confía en que los ciudadanos volverán a apoyarle en 2011. "A mí me pusieron los ejidenses y serán los ejidenses los que tendrán que decidir en su momento". El martes, cuando dejó la prisión, fue recibido por sus vecinos entre vítores y cohetes. Sus allegados se enfrentaron con los medios de comunicación y el incidente se saldó con una periodista herida y con varias cámaras rotas.
Igual que Gil en Marbella, el apoyo popular al alcalde de El Ejido se sustenta en una red clientelar que enriqueció a muchos de los que se acercaron a él. El epicentro de la trama, que suma casi 70 imputados y 20 detenidos, era la Empresa Mixta de Servicios Municipales (ElSur), cuyo único cliente era el ayuntamiento. A través de ella y de un conglomerado de subcontratas ficticias se malversaba el dinero público. El consistorio pudo haber blanqueado más de 150 millones de las arcas municipales en los últimos seis años a través de ElSur, que estaba dirigida por José Amate, uno de los dos únicos arrestados que aún está en la cárcel.
Ante un caso tan grave, el PP insiste en pedir que el ayuntamiento se disuelva y se convoquen elecciones, pero la Junta asegura que "no hay causa justificada". La ley de Bases de Régimen Local contempla esta posibilidad, que sólo se ha puesto en práctica en 2006 en Marbella, pero el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, aclara que la situación es distinta. En Marbella, la mitad del consistorio fue detenido, mientras que en El Ejido sólo entraron en la cárcel el alcalde y el interventor municipal, José Alemán. El hecho de que el PAL tenga mayoría absoluta es, para el consejero, una de las causas que impide disolver la corporación. "Desde el punto de vista del funcionamiento del ayuntamiento, el PAL garantiza la estabilidad, nos guste o no", afirmó a este periódico. "Son las reglas del juego del Estado de Derecho", recordó Pizarro. Torres Vela añade que la disolución supone "violar la voluntad popular" y también para Manuel Medina es una "agresión". Sólo un juez podrá expulsar al alcalde.
