No ha conseguido probar que hubiera pacto de precios, pero la Comisión Nacional de la Competencia sigue adelante en sus investigaciones porque intuye que las declaraciones públicas de las asociaciones alimentarias indujeron a una subida generalizada. ¿Estaba justificada? ¿Qué pasó con otros expedientes abiertos?
Mayo de 2006. Técnicos del Servicio (hoy Comisión Nacional) de Defensa de la Competencia se presentaron por sorpresa en las oficinas de la organización nacional de las cooperativas agroganaderas, CCAE, en su filial andaluza, Faeca, y en algunas de las almazaras socias. Buscaban pruebas de prácticas contra la libertad de mercado, al denunciar la industria envasadora que se estaban dando órdenes masivas para retener el aceite de oliva en origen y encarecerlo. Ni entonces ni en episodios similares -de hecho, no había momento de fuerte subida de este producto que no viniera acompañado del anuncio de indagaciones, cual asustaviejas- cosecharon caza.
El ejemplo del aceite de oliva revela cuán difícil es demostrar la existencia, si tal hay, de pactos de precios en el sector agroalimentario. Eso sí, y esto es una clave para los expedientes sancionadores abiertos la semana pasada a varias asociaciones -el plazo para cerrarlos, con o sin culpabilidad, es de año y medio-, el inicio de las pesquisas tuvo un efecto muy deseado: rebajas.
La CNC (Comisión Nacional de la Competencia) ha decidido transformar en sancionadores los expedientes informativos que abrió en octubre pasado contra los lobbies de la industria alimentaria, y en especial los que defienden los intereses de las empresas de pollo, huevo, harinas, pan y pastelería. En casi seis meses, no ha encontrado pruebas certeras de pactos de precios, aunque sí "declaraciones, notas de prensa, correos electrónicos y otros tipos de documentación" que tenían el objetivo de alterar el libre discurrir de los mercados y provocar, así, un encarecimiento de los productos.
Si los argumentos se aplicaran a la agroalimentación en general, cabría alegar que todo el sector español estaría bajo una sempiterna sospecha. Ahí están las protestas de las organizaciones agrarias cuando caen las cotizaciones sea de naranjas, sea de leche de cabra, sea de aceite de oliva, y los consejos permanentes que dan a sus agricultores de "aguantar" las cosechas hasta que aquellas se recuperen, o se disparen.
No en vano, a lo largo del verano pasado fueron numerosas las advertencias de empresarios agroalimentarios -pan, leche, huevos, pollos, cárnicas e incluso hasta de la cerveza- respecto a las subidas que se avecinaban debido al encarecimiento de las materias primas.
De hecho, a lo largo de 2007 las estadísticas oficiales sobre los precios en los mercados de origen (agrarios) no mentían, pero hay una, de reciente publicación, que revela cuánto han crecido las cotizaciones pagadas a los agricultores y da idea, pues, de la trayectoria alcista en el campo.
Se llama Índices Anuales de Precios Percibidos por los Agricultores y Ganaderos, la elabora el Ministerio de Agricultura y sirve para actualizar las rentas de los contratos de arrendamiento de fincas y el régimen de aparcería. Según esta estadística, los aumentos oscilaron entre el 42,61% de los cereales y el 8,24% para las hortalizas, y en el extremo contrario, el de los retrocesos, un -21,7% y un -0,70% configuraron la horquilla. ¿Estaban o no estaban justificadas las advertencias para los consumidores finales de que habría encarecimientos? Cosa bien distinta sería que los productores e industriales, o las asociaciones que los representan, hubieran sugerido que se vendiera un alimento a tal o cual valor.
Estadísticas, para todo los gustos, lo malo es cuál es la fuente y cómo se comparan. Es perfectamente posible que la patronal del huevo, Inprovo, diga que la docena se ha encarecido un 12% en agosto y los datos del Ministerio de Industria y Comercio nieguen esta alza para ese mes. Una puede sustentar el porcentaje sobre la evolución de los mercados de origen, en las lonjas, y el otro se basa en la venta al público. Y en trasladar la una a la otra pueden pasar semanas, puesto que las cadenas de distribución (hipermercados, supermercados) no negocian todos los días sus precios con los proveedores, a lo suma tres o cuatro veces al año.
De las pesquisas de Competencia se han librado las empresas lácteas, y ello pese a que la leche está entre los productos que más se han encarecido en la cesta de la compra desde el verano pasado. Fenil, su patronal, insistía en octubre que de pacto de precios, nada, sino que las subidas se debían única y exclusivamente al incremento de los pagos a los ganaderos y a la escasez internacional. Que todas las grandes firmas españolas aplicaran aumentos al brick, mera coincidencia y simple estrategia comercial.
Visto lo visto, mucho habrá de afinar Competencia -órgano adscrito al Ministerio de Economía- para demostrar que ha habido intencionalidad para alterar los precios por parte de las asociaciones denunciadas. Cabe el riesgo, como en el aceite, de expedientes sin cerrar.
