El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha aprobado este jueves prorrogar el actual régimen que facilita la concesión de ayudas públicas a los bancos por parte de los Gobiernos nacionales. El régimen, que se puso en marcha en 2008 tras la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, vencía a finales de año, pero el Ejecutivo comunitario ha decidido extenderlo "todo el tiempo que lo exijan las condiciones del mercado" por el agravamiento de las turbulencias financieras.
Desde el inicio de la crisis, la banca europea ha utilizado ayudas públicas por valor de 1,6 billones de euros (el 13% del PIB de la UE), de las cuales 1,1 billones corresponden a avales y 409.000 millones a medidas de recapitalización y tratamiento de activos tóxicos, según los datos de Bruselas.
"El agravamiento de las tensiones en los mercados de deuda soberana ha vuelto a aumentar la presión sobre los bancos de la UE, lo que justifica la prórroga de las medidas de crisis", ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
"Continuaremos insistiendo en la reestructuración y la limpieza de los balances donde sea necesario, para ayudar a romper el círculo viciosos entre la crisis de deuda soberana y un sector financiero débil. Al aplicar las reglas, la Comisión tendrá plenamente en cuenta los elementos que indiquen que un banco puede ser viable a largo plazo sin necesidad de una reestructuración importante", ha explicado.
La prórroga incluye como principales novedades un método de cálculo para garantizar que los Estados reciban una remuneración adecuada si recapitalizan sus bancos usando instrumentos, como acciones ordinarias, cuya remuneración no está fijada de antemano. Así, las acciones deben ser suscritas por el Estado con un descuento adecuado respecto al último precio dependiendo, entre otras cosas, del porcentaje de capital que se quede el Estado sobre el total y de si las acciones tienen o no derecho de voto.
En cuanto a los instrumentos híbridos, deberán incluir mecanismos alternativos de pago del cupón para permitir que si el banco no puede pagar en efectivo lo haga en acciones.
También se ha revisado la fórmula para calcular el precio de los avales públicos para las emisiones de deuda de la banca. El objetivo es garantizar que refleje el riesgo de cada banco y no el riesgo del Estado miembro en el que está basado o el del mercado en su conjunto. Los ministros de Economía de los Veintisiete acordaron este miércoles renovar en 2012 el sistema de garantías nacionales y descartaron un aval conjunto de la UE.
Las nuevas reglas se aplican para las garantías que cubran deuda con un vencimiento entre uno y cinco años (siete en el caso de bonos cubiertos). Las reglas para vencimientos más cortos seguirán siendo las mismas.
REESTRUCTURACION DE LOS BANCOS SUBVENCIONADOS
La Comisión continuará exigiendo a los Estados miembros que presenten un plan de reestructuración (o la actualización de un plan que ya haya sido aprobado) para todos los bancos que reciban ayudas públicas en forma de recapitalización o tratamiento de activos tóxicos, ya sean nacionales o del fondo de rescate de la UE.
El Ejecutivo comunitario podrá decidir que la reestructuración no es necesaria teniendo en cuenta una serie de criterios como si el problema de capital se debe a una crisis de confianza en la deuda soberana, si la inyección se limita a lo necesario para compensar las pérdidas por marcar los bonos soberanos a valor de mercado en bancos que de otro modo son viables y si la entidad en cuestión no ha adquirido un riesgo excesivo al comprar deuda pública.
Los bancos que no han sido recapitalizados pero se benefician de avales públicos para emitir deuda no tendrán que presentar planes de reestructuración. Sólo los que recurren con mucha frecuencia a las garantías de su Estado estarán obligados a presentar a Bruselas revisiones de viabilidad.
Estas reglas se aplicarán al plan aprobado en octubre por los líderes europeos para recapitalizar los grandes bancos europeos con 106.000 millones de euros, con el objetivo de que puedan resistir a los problemas.
Los bancos españoles son, tras los griegos, los que más capital adicional necesitan, alrededor de 26.000 millones de euros, según los cálculos de la Autoridad Bancaria Europea. Los líderes europeos quieren que, en primer lugar, busquen fondos en el mercado privado y sólo si no los logran acudan a las ayudas públicas.
