El juez de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades halladas en dos subvenciones de 600.000 y 400.000 euros, respectivamente, concedidas en 2009 por la Junta de Andalucía al sindicato CCOO-A ha decidido ampliar las pesquisas hasta cinco años atrás, es decir, hasta 2004, según han informado a Europa Press fuentes del caso. En este sentido, las mismas fuentes consultadas han precisado que fue la Fiscalía de Delitos Económicos la que solicitó al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que ampliara la investigación hasta el año 2004, es decir, cinco años antes de que la Junta otorgara las dos subvenciones que se investigan actualmente. Tras ello, el juez instructor ha decidido aceptar la petición realizada por el Ministerio Público y ha ampliado la investigación hasta 2004, todo ello dentro de un procedimiento en el que permanecen imputados la exdirectora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía Esther Azorit Jiménez y el secretario de Organización y Finanzas de CCOO-A, Miguel Angel Soto Cubero. Hay que recordar que el magistrado ya solicitó a la Junta de Andalucía que realizara un informe pericial contable sobre las ayudas investigadas, una de 600.000 euros y la segunda de 400.000 euros, a fin de que determinara si se ha producido un "menoscabo" de los fondos públicos producido en las ayudas concedidas a CCOO-A. En su declaración el pasado mes de enero ante el juez, el dirigente de CCOO-A negó cualquier irregularidad y alegó que únicamente "se produjo un error de contabilidad" en relación a 23.000 euros de estas subvenciones que "ya ha quedado solucionado", pues el sindicato ya consignó dicha cantidad en el Juzgado, aunque la Fiscalía defiende que el error en la justificación se refiere a unos 42.000 euros. Al término de la declaración, el abogado que defiende a Miguel Angel Soto señaló a los periodistas que, en este caso, "no se ha producido ninguna irregularidad penal ni administrativa", por lo que mostró su confianza en que el juez archive la denuncia presentada por el Ministerio Público. Respecto a Azorit, no trascendió ningún detalle de la declaración prestada ante el juez instructor. LA DENUNCIA En la denuncia elevada al Juzgado Decano, consultada por Europa Press, el Ministerio Público señala que los dos imputados han podido incurrir en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. La primera de las ayudas, de 600.000 euros, fue concedida el 22 de mayo de 2009 por el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, para que el sindicato desarrollara "un plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales" a ejecutar entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2009. Añade el fiscal que, con fecha 9 de noviembre de 2009, "consta" un documento electrónico firmado por Azorit en el que ésta señala que "de los justificantes verificables relativos a los gastos realizados por el beneficiario, resulta acreditado que la subvención ha sido aplicada parcialmente a la finalidad para la que se concedió, constando por tanto su cumplimiento parcial así como el correspondiente gasto parcial de la actividad subvencionada". CHARANGA 'LOS PIRATAS' No obstante, "de las comprobaciones iniciales efectuadas" por la Policía Judicial se concluye que "la suma total de los gastos justificados, salvo error u omisión involuntaria, asciende a un total de 609.106,09 euros", pero teniendo en cuenta la documentación remitida por CCOO-A "se deduce un exceso de justificación de 13.427,97 euros". El fiscal indica que, con cargo a la subvención recibida, el sindicato justificó 34.553,75 euros "con cargo" a una manifestación celebrada el 22 de abril de 2009, partida dentro de la que se incluye una factura por la actuación de la charanga 'Los Piratas', otra correspondiente a 194 almuerzos, y una tercera por el transporte en autobús desde distintas localidades de la región andaluza. "Una mínima comprobación de la documentación aportada por CCOO-A como justificación del 75 por ciento de la subvención debiera haberse traducido en la no aceptación de los gastos" relativos a esta manifestación, "lo cual supone de forma indiciaria un reintegro de fondos públicos de un mínimo de 20.383,78 euros", cantidad que resulta de restarle a los gastos de la manifestación "el exceso de justificación". GASTOS POR UN ENCUENTRO QUE NO SE CELEBRO Asimismo, la Fiscalía destaca que se justificaron gastos por la celebración ese mismo día 22 de abril, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), del 'Encuentro de Salud Laboral, 28 de abril. Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo', aunque la Policía Judicial concluyó que ese día "no consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral" en Fibes. La segunda ayuda investigada, de 400.000 euros, fue solicitada por CCOO-A el día 9 de junio de 2009 para la financiación del 'Programa de mejora de las condiciones de trabajo en la comunidad andaluza para el año 2009', tras lo que, el 14 de julio de 2010, la propia Azorit firmó un documento señalando que "resulta acreditado que la subvención ha sido aplicada a la finalidad para la que se concedió, constando por tanto su cumplimiento así como el correspondiente gasto de la actividad subvencionada". No obstante, y por resolución dictada por el consejero de Empleo el 2 de noviembre de 2010, se redujo la cuantía de la subvención a 397.928,98 euros, añade el fiscal, que explica que, "de las comprobaciones iniciales realizadas" por la Policía Judicial "se pone de manifiesto que, entre los gastos justificados, se adjuntan dietas y facturas correspondientes a desplazamientos, alojamientos y comidas por importe de 26.927,96 euros". "Una mínima comprobación arroja como resultado la conclusión de que algunos de los gastos por transporte y dietas que se recogen con el concepto de 'coordinación de actividades', refleja viajes a Málaga desde Sevilla los viernes e itinerario de vuelta el lunes", asevera. "MINIMA COMPROBACION" A su juicio, "una mínima comprobación" de la documentación aportada por el sindicato "debiera haberse traducido en un reintegro de fondos públicos derivados, de forma provisional e indiciaria, de la no aceptación como gasto justificado de parte de las dietas percibidas" por una dirigente de CCOO.
