Tras airearse los primeros recortes del Presupuesto autonómico de 2014, y a espera de que éste se presente oficialmente, la Junta se esmeró ayer en repetir machaconamente que si el Estado de Bienestar cimbrea en Andalucía, si la nómina de los funcionarios merma y si el empleo no arranca, se debe exclusivamente a que las cuentas del Estado asfixian y exprimen a esta comunidad. Los Presupuestos Generales son una OPA hostil contra Andalucía, llegó a decir la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. El debate en el Parlamento sobre la incidencia de las cuentas del Estado en Andalucía fue una enmienda a la totalidad en la distancia. La Junta no cree en la recuperación económica que vaticina el ministro Montoro, no mientras el consumo privado siga estancado, los sueldos bajen y el paro crezca.
Para cuadrar su propio Presupuesto, la Junta debe restar 1.200 millones de euros, un dinero que el Gobierno le retira a través de dos conceptos: el límite del déficit del 1% del PIB obliga a ahorrar 800 millones más en 2014, y los otros 400 millones se detraen de la reducción en las transferencias de financiación del Estado a la comunidad. Montero vistió estos datos de ejemplos catastróficos para explicar las consecuencias de asumir un ajuste de esta envergadura: Recortar 1.200 millones es equivalente a cerrar todas las universidades andaluzas, todos los hospitales de Sevilla o Málaga, todos los colegios de Infantil y Primaria, todas las becas, la educación especial, la gratuidad libros y el transporte escolar, o despedir a 32.000 empleados públicos. Ese es el dictado de Rajoy a esta comunidad, sentenció.
Además, recordó la consejera, está la deuda que acumula el Gobierno con Andalucía por el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, que obliga al Estado a destinar a esta región el porcentaje de inversiones equiparable a su población respecto al total (17,9%). En el último Presupuesto, Rajoy se ha quedado a 0,6% de cumplir por primera vez esa cláusula (54,33 millones por debajo), aunque ese déficit será corregido en el trámite de enmiendas parciales a los Presupuestos, prometió el PP-A. Pero hasta que eso ocurra, la Junta sigue denunciando que la deuda estatal en inversiones para Andalucía acumula ya 2.247 millones. Al menos para forzar al Gobierno a cumplir con el Estatuto, Montero pidió un voto unánime del Parlamento, pero el PP se desligó.
La consejera volvió a quejarse de que Andalucía está maltratada por la financiación autonómica. La inversión por habitante en esta comunidad representa el 97% de la media nacional, que se sitúa en 207,06 euros por habitante, frente a los 549,7 euros por habitante de Castilla-Leon, 486 euros de Galicia o 331 euros de Cantabria. Andalucía contará con 200,9 euros por persona. Si dispusiera de la misma inversión que la media del país, la comunidad habría recibido casi 3.000 millones más para financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales, dijo.
PSOE-A e IU lanzaron un discurso duro y crispado contra la bancada del PP. Los socialistas presentarán enmiendas a los Presupuestos por valor de 2.500 millones. incluida la inversión pendiente desde 2008, un plan de empleo extraordinario y una porción mayor del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). El portavoz de IU, Ignacio García, llegó a decir que los Presupuestos del Estado son propios de la derecha extrema europea, y que se tratan de una venganza del PP por no gobernar en Andalucía tras las últimas elecciones. El portavoz de los populares, Carlos Rojas, criticó a la Junta por parapetarse en los Presupuestos Generales para ocultar sus recortes. Defendió que el Gobierno de Rajoy es más andalucista que la Junta, y preguntó a la consejera si va a mantener el salario actual de los empleados públicos andaluces como hará el Estado con sus 95.000 funcionarios que trabajan en Andalucía. Rojas demandó una reforma de la administración paralela y eliminar directivos y cargos de confianza.
Así las cosas, no hubo unanimidad en las propuestas de resolución. El Parlamento aprobó prácticamente todas las del PSOE, menos una, y las de IU, menos tres. Todas coinciden en rechazar los Presupuestos y reivindicar más fondos, vía financiación, programas e inversión. Las propuestas del PP, en apoyo a las cuentas del Estado, fueron rechazadas, menos una relativa al plan PIVE (incentivos al vehículo eficiente).
Por otra parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, solicitó ayer al Gobierno central que levante el peaje de la autopista AP-4 entre Jerez y Dos Hermanas, que actualmente tiene un coste superior a los siete euros por vehículo.
