Andalucía recibirá del Estado para este ejercicio un total de 270 millones de euros en concepto de políticas activas de empleo, una cuantía un 9,3 por ciento inferior (en 27,6 millones) a la que le correspondió el año anterior, y que representa una merma del 61 por ciento respecto del dinero 700 millones que la comunidad andaluza percibía para este fin en 2011. La razón principal por la que Andalucía sufre este recorte responde al cambio de reglas del juego, ya que por primera vez este año el 40 por ciento se vincula a la consecución de objetivos de las políticas activas de empleo y el 60 por ciento del dinero estatal se entrega de forma lineal en función del nivel de paro de cada comunidad.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, saluda al consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ayer. / EL CORREO
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, explicó ayer que el año anterior la distribución de fondos vinculada al cumplimiento de objetivos era del 15 por ciento y lamentó la «indefinición» por parte del Ministerio hasta hace una semana acerca de cómo se iban a ponderar estos indicadores, esto es, qué peso iban a tener, lo que ha dado como resultado una desviación del 5 por ciento, detalló el consejero a su salida de la Conferencia Sectorial de Empleo en Madrid. «Durante 2013 y 2012 ha habido pocas políticas de formación en Andalucía, que es la que presenta mayores niveles de incumplimiento», admitió.
Sánchez Maldonado incidió en que no critica la relación del dinero con los objetivos, porque «para eso están las políticas», pero sí lamentó que para poder cumplirlos es necesario que el Gobierno central entregue con más premura esos fondos, ya que, en el caso de Andalucía, llegaron los correspondientes a 2013 a las arcas de la Junta el pasado mes de diciembre. «Si no tenemos el dinero a tiempo, es más difícil el cumplimiento de los objetivos y consecuentemente viene menos dinero». Así, junto con la andaluza, las comunidades de Cataluña y Valencia son las que se han visto más perjudicadas por ese cambio en el reparto. Por este motivo, la Junta ha planteado en la Conferencia Sectorial que también se vigile la consecución de logros que le corresponden al Estado en materia de políticas de empleo, de modo que, en el caso de que éste no consiga los objetivos, parte de ese dinero pasase a manos de las comunidades.
El consejero andaluz remarcó que, además, el Gobierno central continúa con su «política de progresiva privatización» de los servicios públicos de empleo, con la entrada en escena de las agencias privadas de colocación en la intermediación laboral, un servicio que, en su opinión, tiene que ser público. En esa línea, criticó que año tras año el Estado viene reduciendo el presupuesto destinado a la modernización de los servicios públicos de empleo autonómicos, de modo que, de los 25,24 millones que recibió Andalucía para ese capítulo en 2011, esa cifra se redujo en 2013 hasta los 7,5 millones y para 2014 se asignan 3,28 millones, lo que se traduce en un tijeretazo del 87 por ciento en apenas cuatro años. Esa minoración viene de la mano de la dotación de 50 millones de recursos para las agencias privadas de colocación, que el Parlamento andaluz rechazó implantar en Andalucía, por lo que la región no ha entrado en el reparto de esos fondos. En esta materia, el representante del Gobierno andaluz incidió en que el Ministerio ha incluido el denominado «incentivo por resolución de irregularidades» para las agencias privadas si denuncian irregularidades de los demandantes de empleo que puedan desembocar en una sanción. Fuentes de la Consejería indicaron que no les parece mal que se persiga el fraude como el de aquellas personas que cobran prestación mientras están trabajando pero que podría tener otras implicaciones en irregularidades de menor calado, como por ejemplo, si alguien tiene un problema con internet y no puede sellar el paro, trámite que ahora se hace de forma telemática. El Gobierno andaluz, dijo Maldonado, «no va a ser cómplice de este intento de privatización de los servicios públicos de empleo».
Ante las nuevas perspectivas revisadas de crecimiento para España, avanzadas por el ministro Luis de Guindos, que apunta a un avance del 1,5 por ciento del PIBen 2014 y 2015, el consejero andaluz indicó que ese panorama «daría margen para haber hecho un pequeño esfuerzo en las políticas activas de empleo, dado que nuestro principal problema es el paro».
Más para el mejor. El Ministerio de Empleo explicó ayer que, como novedad en 2015, la parte variable vinculada a objetivos será mayor , de manera que se elevará al 60 por ciento el porcentaje de los recursos cuya distribución dependerá de que las regiones logren las metas fijadas para 2014.
«La valoración conlleva que quien lo ha hecho mejor tiene más dinero», aseguró la secretaria de Empleo, Engracia Hidalgo, en declaraciones a los medios tras la reunión de la conferencia sectorial. Hidalgo subrayó que se han repartido 1.236 millones, de los cuales casi 500 millones estaban ligados a la consecución de objetivos, si bien el Ministerio no precisó el desglose de esa cifra por comunidades autónomas. Respecto a las críticas de Andalucía y Canarias por el recorte, Hidalgo insistió en que esa disminución se ha debido a la parte variable.
