La firma del acuerdo de traspaso de las competencias del 90% de la cuenca del Guadalquivir a Andalucía supone un hito histórico para nuestra comunidad. El acuerdo, gestado en un tiempo récord, supondrá que Andalucía gestione la práctica totalidad de los recursos hídricos del Guadalquivir, lo que convertirá a nuestra autonomía en pionera en la gestión de una cuenca intercomunitaria. Todas las aguas de la región estarán bajo la tutela andaluza desde el uno de enero de 2009, lo que supone 53 embalses y presas, 120 millones anuales del Estado y otros 500 de fondos europeos. Unos 850 empleados de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pasarán a depender de la Junta, que controlará así el mayor recurso hídrico que baña 433 municipios andaluces en los que viven cuatro millones de personas. El traspaso del Guadalquivir da cumplimiento a una de las reivindicaciones históricas de Andalucía y a uno de los artículos clave -junto a la deuda histórica- del nuevo Estatuto de Autonomía. La gestión implica ahora la responsabilidad de garantizar agua para todos los usos y que ésta sea de calidad. Para ello se hace necesario ese gran pacto con todos los partidos y agentes sociales para lograr el mayor aprovechamiento hídrico, así como la nueva Ley de Aguas de la comunidad, que integrará las tres cuencas existentes en Andalucía. El camino no será fácil. Extremadura aún mantiene su recurso en el Constitucional contra el traspaso y la Confederación Hidrográfica, pese a sus importantes ingresos de 52 millones anuales, debe hacer frente a severos problemas de gestión y medioambientales como un déficit estructural de 400 hectómetros cúbicos, las tensiones por el reparto a los cultivos y los vertidos de aguas residuales sin depurar. La Junta debe ahora trabajar en solucionar los obstáculos y sacar el mayor provecho a un recurso estratégico desde el punto de vista simbólico, pero también turístico e industrial.
