El abandono escolar en Andalucía está en el 28,4% tras bajar nueve puntos en tres años

Andalucía tacha de "chantaje" el anuncio del Gobierno de no dar fondos a quien no acate la Lomce

Grupo Consejeria Educación Andalucia El abandono y el fracaso escolar siguen siendo una china en el zapato de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. A pesar de que se está avanzando para poner freno a estos problemas, la comunidad sigue teniendo cifras por encima de la media. El consejero de Educación, Luciano Alonso, informó ayer de que en tres años se ha reducido en nueve puntos el abandono escolar –personas que tienen como estudios máximos la enseñanza obligatoria– al pasar del 37 por ciento al 28,4 por ciento, un porcentaje superior a la media nacional que está en el 25 por ciento. Respecto a las personas que no obtienen la titulación de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el consejero admitió que Andalucía también está peor que la media nacional, al contar con un fracaso escolar del 26,5 por ciento frente al 24,9 por ciento de la media en España. Alonso justificó estos datos recordando que Andalucía partía de una situación peor que el resto de comunidades, no obstante, afirmó que se seguirán haciendo esfuerzos para seguir mejorando hasta lograr que en 2020 la tasa de abandono escolar caiga hasta el 15 por ciento. El titular de Educación facilitó estos datos durante el balance que realizó ayer de la gestión educativa del curso 2013-2014, que contó con 1.879.170 alumnos y 125.000 profesores. El consejero destacó que este año la Junta ha destinado para Educación 6.059 millones, el 20,4 por ciento de todo el presupuesto andaluz, «en un año muy conflictivo» marcado por las «durísimas restricciones» impuestas por Madrid. Pero, a pesar de todo, Alonso remarcó que en Andalucía se han mantenido todas las becas. Respecto a la amenaza del Ministerio de Educación de no aportar fondos a las autonomías que no firmen el documento de apoyo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), el consejero dijo que es un «chantaje» y comparó estas maneras con la Inquisición: «Nos obliga a las comunidades a que aceptemos algo en lo que no hemos creído y algo que hemos recurrido ante el Tribunal Supremo y Constitucional», dijo.

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