La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha remitido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que dirige José Ignacio Wert, un informe con fundamentos técnicos otorgados por diferentes estudios educativos y análisis de expertos internacionales que rebaten algunos aspectos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
"Más PISA y menos Génova" es el juego de palabras con el que la consejera del ramo, Mar Moreno, ha reclamado en rueda de prensa al Gobierno central que "no escuche, si no quiere, a la Junta o a la comunidad educativa, pero que sí lo haga a los expertos", en lugar de fomentar aspectos ideológicos en el texto de la reforma.
Bajo la premisa de no basarse en "descalificaciones", sino en "argumentos sólidos" --y no en "la opinión exclusiva de PSOE e IU"-- a la hora de asegurar "el futuro de miles de niños andaluces", Moreno ha apuntado al diálogo como principal instrumento para la negociación de la reforma, cuyos términos actuales la Junta rechaza aplicar.
Por ello, tras conseguir una moratoria de un mes en la última Conferencia Sectorial de Educación, y con vistas a afrontar la próxima celebración de la misma (4 de diciembre) y un encuentro bilateral entre el Estado y la Junta programado para la próxima semana tras una primera reunión acometida a nivel de Viceconsejerías, la Consejería ha trabajado en este documento, que desarrolla desde un punto de vista técnico los nueve puntos de encuentro alternativos que la Junta ha ofrecido al Gobierno central.
"Estamos a tiempo de evitar un error mayúsculo", ha advertido la consejera de Educación, que, de hecho, ha asegurado que en aras a propiciar un consenso que generaría el aplauso de la ciudadanía la administración autonómica está dispuesta a "transigir" en algunos puntos como la realización de pruebas nacionales de evaluación estandarizadas, "no porque nos gusten, sino porque no podemos pretender llevar el programa de máximos del PSOE".
Las "vías muertas" para el alumnado como la Formación Profesional Básica que propone la reforma, los efectos negativos de la segregación temprana del alumnado o las opiniones contrarias a las reválidas y a los rankings de centros son aspectos que han sido "ampliamente" discutidos por profesionales, con opiniones contrarias recogidas en estudios nacionales y constatadas por estadísticas oficiales.
INCORPORACION A FP BASICA CUANDO SE AGOTEN OTRAS MEDIDAS
Ya en materia, sobre la segregación temprana del alumnado con dificultades, el documento incorpora el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre estudiantes y escuelas con desventaja. El estudio, que indica el camino hacia el éxito escolar y la superación del abandono educativo, incluye fórmulas "muy distintas" a las que propone la reforma, recomendando en concreto evitar la separación temprana y posponer la selección de estudiantes hasta la educación media superior.
Al proponer la segregación a partir de los 13 años, y con rotundidad a los 14 o 15, "el Ministerio se está situando en contra de las recomendaciones de los expertos internacionales", ha argumentado Moreno, que ha propuesto como alternativa que la incorporación a la Formación Profesional (FP) Básica se produzca una vez que se hayan agotado otras medidas "menos drásticas" de atención a la diversidad y que, en todo caso, la derivación a esta vía se haga siempre que el alumnado no esté en condiciones de promocionar a tercero de ESO, retrasando "al máximo" la edad.
Respecto a la FP Básica, la consejera ha esgrimido las estadísticas oficiales para fundamentar el rechazo a esta vía que, al contrario que los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), supone una "vía muerta" que no permite al alumnado titular en ESO ni acceder a la FP de grado medio. Frente a esto, uno de cada tres alumnos andaluces que cursa PCPI logra titular, y por ello la Junta apuesta por que el alumnado que supere la Formación Profesional Básica pueda conseguir el título de ESO y se mantenga el acceso directo desde la FP Básica a la media.
Si bien la administración regional comparte la necesidad de incrementar el número de titulados en FP de grado medio, rechaza que ello se logre a costa de "disminuir" el de titulados en Bachiller. Tras recordar que la tasa bruta de titulados en Bachiller en España es del 48 por ciento, del 45 en la UE y del 50 en la OCDE, la titular autonómica de Educación ha insistido en mantener la posibilidad de acceso directo desde la FP Básica a los ciclos formativos.
"RIGIDEZ" EN LOS ITINERARIOS
El informe refleja también la "rigidez" en los itinerarios --Ciencias, Letras o Enseñanzas Aplicadas-- y la eliminación de opciones para elegir asignaturas. En este sentido, Andalucía apuesta por mantener el actual título de graduado en ESO, con las mismas opciones académicas, independientemente de la opción elegida, y por evitar trayectorias cerradas ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de elegir dos materias de seis y que sean los centros, en función de la demanda y de los intereses, los que agrupen las materias que estimen oportunas.
La recuperación del sistema de reválidas, ha abundado Moreno, es una medida "absolutamente negativa". Los informes PISA, ha expuesto, demuestran que los países con altas tasas de repetición obtienen peores resultados y ninguno de los que obtiene mejores rendimientos cuenta con reválidas en sus sistemas educativos, como Finlandia, Corea del Sur o Japón; y que España, que está mejor situada que Italia, no cuenta a día de hoy con este instrumento, que sí tienen los transalpinos. El propio Ministerio, ha recordado la consejera, "cuestiona" las reválidas en su informe anual, en concreto en el Panorama de la Educación 2012.
Por ello, la Junta propone eliminar las reválidas y sustituirlas por pruebas externas sin consecuencias académicas para el alumnado que orienten sobre la situación del sistema educativo e indiquen las medidas necesarias para mejorarlo. También aboga por abrir un amplio debate sobre el modelo de acceso a la universidad.
Respecto al establecimiento de rankings de centros, Mar Moreno ha opinado que su inclusión en la reforma obedece a "un capricho" de la comunidad de Madrid --cuyos sistema educativo se caracteriza por "la falta de equidad y el desmantelamiento de la escuela pública"-- "que se quiere exportar a toda España", y tras recordar que las consecuencias de la publicación de estos datos no están acreditadas, al ser un sistema que no se lleva a cabo salvo en algunos puntos muy localizados, ha abogado por mantener la actual redacción de la Ley Orgánica de Educación (LOE) para "evitar las clasificaciones", puesto que dar a conocer los resultados del centro a la comunidad educativa y los de su zona educativa debe servir para poner en marcha mejoras, pero nunca para "estigmatizar" al alumnado y al profesorado.
