Un rayo de esperanza alumbra la grave crisis desatada en Justicia. Ayer, cuando el fracaso de la decimotercera reunión de la mesa de negociación entre el Ministerio y los sindicatos fracasó, el conflicto parecía más enquistado que nunca. Sin embargo, el ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo, tendió la mano a los sindicatos y convocó por carta a los secretarios generales de las federaciones de CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ para tratar de "encontrar una vía de acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado por los funcionarios de Justicia hace dos meses".
En la misiva, Bermejo se comprometía por primera vez a participar en una reunión. Justificó el cambio de negociadores -de los responsables sindicales de Justicia a los dirigentes de las federaciones- en la necesidad de "hablar con unos interlocutores que realmente quieran negociar".
UGT entendió la actitud del ministro como un esfuerzo por terminar con la crisis y se desvinculó de la convocatoria de huelga. El sindicato dijo también que estará presente en la próxima mesa de negociación "con ánimo favorable para llegar a un acuerdo satisfactorio y justo para las partes implicadas" y confía en que ese encuentro "sea el definitivo para poner fin a una situación insostenible para los trabajadores".
Acusaciones.Pero la crisis de Justicia no es lo único por lo que el ministro Bermejo tiene que preocuparse. Ayer, el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, llamó al titular de Justicia "defensor de terroristas", por sus declaraciones sobre la absolución de un grapo y dijo que debe marcharse "con la cabeza baja".
El Tribunal Supremo anuló una condena de 30 años de prisión a un miembro de los GRAPO por el asesinato de un policía porque la testigo que le identificó no compareció en el juicio.
