La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, confirmó ayer ante el pleno del Parlamento Europeo el ultimátum lanzado hace una semana a las principales empresas del territorio europeo para que aumenten la presencia de mujeres en sus puestos de dirección.
La medida tendrá de plazo un año para su cumplimiento, de lo contrario, Bruselas podría exigir con una norma europea un mayor equilibrio de sexos. Reding calificó que "la autorregulación es buena, pero hace falta supervisarla y vigilaremos los progresos".
La vicepresidente de la Comisión admitió que la amenaza de hacer obligatorias las cuotas puede servir de "espada de Damocles" para alentar a las empresas a dar los pasos para facilitar el acceso de las mujeres a los puestos de dirección e insistió en que actuará "si no hay continuidad" o no dan resultado las medidas "voluntarias".
Continuando con la explicación de la medida, Reding subrayó el beneficio "económico" que supone contar con más mujeres. "Si las empresas comprenden que son una ventaja, no serán necesarias las cuotas", matizó.
La propuesta viene tras una reunión en Bruselas con los directivos de una docena de empresas cotizadas en bolsa, entre las que no había ninguna presencia española, para pedirles que aumenten al 30% la presencia de mujeres en los consejos de administración de aquí a 2015 y al 40% en 2020. Reding advirtió a los empresarios con regular mediante una ley europea el equilibrio de género en las empresas si no hay avances. "Durante los próximos 12 meses, quiero dar una última oportunidad a la autorregulación. Me gustaría que las empresas sean creativas para que los reguladores no tengan que ser creativos", declaró.
España va bien. En la actualidad, sólo el 12% de los miembros de los consejos de administración de las mayores empresas europeas son mujeres (en España alrededor del 10%), y en el 97% de los casos el consejo está presidido por un hombre.
La Comisión sitúa a España entre los países que avanzan a un "ritmo más rápido" por las cuotas previstas en la Ley de Igualdad, que se están aplicando también en Francia y se discute en Países Bajos, Italia y Bélgica.
