Los eurodiputados responden así a las peticiones presentadas por dos particulares y los ecologistas de Verdemar. En ellas se señala que, según estudios realizados por la Universidad Pompeu Fabra, el índice de mortalidad de los habitantes de la zona es elevado y su esperanza de vida es menor que en otras zonas de España. Además, el Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España, elaborado por el Ministerio de Sanidad, demuestra que los niveles de cáncer son mucho mayores en este área que el promedio español.
Los denunciantes consideran que esta situación se debe a las actividades de refinado de combustibles, así como a la actividad de la industria pesada en la zona. Las mediciones arrojan exceso de óxido de carbono, partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno y amoniaco, sobre todo procedentes de las industrias energéticas y químicas. Dado que el aumento de los casos de cáncer sería consecuencia de una contaminación transfronteriza, consideran que el caso afecta a la legislación europea. La Junta siempre ha dicho que los niveles de la enfermedad son similares a los de otras zonas de España.
Un representante de la Comisión explicó que la refinería de Cepsa en San Roque, que se menciona en las peticiones como una de las industrias potencialmente perjudiciales, cumple todas las normativas y directrices europeas. A pesar de ello, instó a la propietaria a poner en práctica medidas preventivas. El Ejecutivo comunitario recordó además que Gibraltar ha incumplido en el pasado los niveles mínimos de calidad del aire exigidos por la UE, aunque los ha estabilizado. En todo caso, admite que "no existe una obligación jurídica de realizar estudios epidemiológicos".
