La investigación abierta por un posible fraude en cursos de formación para el empleo en Andalucía provocó ayer la inmediata reacción de Bruselas. La Comisión Europea pedirá al Gobierno andaluz que aclare si ha habido irregularidades en los cursos de formación que realizan empresas, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones, universidades e instituciones públicas y privadas, y que están financiados mayoritariamente con fondos de Europa.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está desarrollando una investigación de los cursos en los últimos siete años, para los que Andalucía destinó 2.000 millones. La Junta culpó ayer al Ministerio del Interior de haber filtrado las informaciones que apuntan a un macrofraude «para dañar a Andalucía y los andaluces», y exigió que rectifique. El Ejecutivo andaluz descarta la comparación con el caso de los ERE irregulares, que mantiene bajo sospecha a la Junta. El actual responsable de estos cursos de formación, el consejero de Educación, Luciano Alonso, se quejó de que no se tuviese el mismo respeto con Andalucía que el que se ha producido en otras comunidades como Madrid, donde también han salido a la luz presuntas irregularidades en cursos de formación. Interior negó haber dado información alguna sobre la investigación abierta por la UDEF.
En un principio las pesquisas, que no están judicializadas, se están centrando en Málaga, pero no se descarta que se amplíen a otras provincias. Entre las irregularidades detectadas se encuentran cursos fantasma que no se impartieron y se justificaron con listados de asistentes ficticios, pero cuyos nombres y apellidos sí eran reales. Ya han sido interrogados varios centenares de estos supuestos alumnos que admitieron que no realizaron los cursos. Otro incumplimiento que se están investigando es que las empresas no contrataron al 60 por ciento de los asistentes a los cursos por un periodo de seis meses, cuando es una condición ineludible para recibir las subvenciones.
Estas entidades que organizan los cursos perciben en un primer momento el 75 por ciento del importe de la ayuda y cuando justifican que todo se ha ajustado a la legalidad perciben el 25 por ciento restante, pero ha levantado sospechas que algunos de los beneficiarios no hayan reclamado a la Administración este último porcentaje que les corresponde.
Alonso instó ayer a que no se criminalice a cientos de sociedades «honradas» que realizan estos cursos. El 14 de enero, a petición de la Seguridad Social en base a la investigación abierta por la Fiscalía de Málaga, se le reclamó documentación sobre 17 empresas, «una información que se entregó el 7 de febrero». De estos 17 expedientes, que corresponden a 11 sociedades limitadas, dos sociedades civiles, dos empresarios individuales, la asociación de empresarios y profesionales de la Comarca Valle del Guadalhorce, y la Asociación Axárquica de Formación para el Empleo sin ánimo de lucro y con participación pública y privada, por el momento sólo se han detectado irregularidades en uno de ellos y ya se ha reclamado el reintegro parcial de la ayuda. Alonso se negó a desvelar qué entidad es la que no se ha ajustado a la legalidad.
Lo que sí dejó bien claro es que la información que le ha exigido la Seguridad Social es del programa de compromiso de contratación que subvenciona acciones formativas de la convocatoria de 2010 en la provincia de Málaga, que contó con un presupuesto total de 5.911.651 euros, «pero sólo están en cuestión 1.523.728 euros», recalcó Alonso.
Asimismo, aclaró que desde que él llegó a la Consejería de Educación, en septiembre de 2013, con la llegada a la presidencia de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, se han realizado 480 requerimientos de documentación y se han iniciado 56 expedientes de reintegro, pero no desveló a qué porcentaje de cursos de formación representan estos requerimientos.
Alonso insistió en que desde hace siete meses, con su llegada a la consejería, se inició este plan de choque para estudiar «uno a uno» los cursos de formación y aseguró que las entidades que no hayan realizado la justificación de los fondos recibidos no podrán concurrir a nuevas convocatorias ni percibir ayudas hasta la fiscalización de todos los expedientes previos.
La reacción de IU, socio del PSOE en el Ejecutivo andaluz y cuyo pacto no pasa por los mejores momentos por el caso de la Corrala de la Utopía, no se hizo esperar. El diputado Ignacio García se mostró «muy preocupado» por lo que exigió la comparecencia del Gobierno andaluz a petición propia. De forma similar, se pronunció el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, quien pidió la comparecencia de manera «inmediata» en el Parlamento de la presidenta andaluza, Susana Díaz, para que dé una explicación sobre las posibles irregularidades y reclamó que abra una investigación interna.
No es la primera vez que Bruselas insta a la Junta a aclarar el destino de los fondos europeos para el empleo. El Ejecutivo comunitario ya se puso en contacto con el Gobierno andaluz en enero cuando aparecieron las primeras informaciones sobre el supuesto uso irregular de ayudas concedidas a UGT-A, para aclarar si estos cursos recibían alguna financiación del Fondo Social Europeo (FSE). El pasado 31 de enero, las autoridades andaluzas respondieron a Bruselas que ningún gasto de los cursos de formación investigados se había presentado para ser reembolsados por dicho fondo, y la Comisión concluyó en ese momento que se trataba de una supervisión puramente nacional, según informó Europa Press.
Cabe recordar que estos supuestos fraudes sobre fondos de formación de empleo no son los únicos en cuestión. La Cámara de Cuentas de Andalucía halló subvenciones no justificadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), entre 2009 y 2010, que ascendía a 49 millones.
