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Calle sin salida para el edificio de Los Montecillos en Dos Hermanas

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA, tuvo ayer una reunión con los vecinos a quienes se les adjudicó una vivienda de protección oficial (VPO) en Los Montecillos. El encuentro tenía por finalidad informarles y calmar su malestar. Los primero se consiguió, lo segundo no.

el 16 sep 2009 / 06:19 h.

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La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, EPSA, tuvo ayer una reunión con los vecinos a quienes se les adjudicó una vivienda de protección oficial (VPO) en Los Montecillos. El encuentro tenía por finalidad informarles y calmar su malestar. Los primero se consiguió, lo segundo no.

Los adjudicatarios de una VPO en el edificio promovido por EPSA sólo sacaron en claro que la empresa pretende sacar los 92 pisos en régimen de alquiler con opción a compra, pero que ya no financiará ni avalará el coste de la vivienda como hacía antes. Los adjudicatarios que firmaron el contrato y están dispuestos a costear el piso son 19. Ellos tenían entendido que iba a ser la propia empresa pública quien avalara los créditos para pagar los pisos, pero ayer les instaron a que fueran al BBVA, entidad con la que la Junta tiene firmado un convenio para ver si aún podían disponer de crédito con el aval particular de cada uno. En caso de que ésta no lo concediera se les aconsejó que fueran a otra entidad que sí lo hiciera, y en caso de que nadie les conceda un préstamo, EPSA les da la opción de meterse en el piso adjudicado en régimen de alquiler con opción a compra.

Esta última opción, según los vecinos de Los Montecillos, es la única real, ya que pocos bancos en tiempos de crisis van a conceder créditos a personas con un poder adquisitivo bajo, máxime cuando las situaciones económicas de todos ellos han cambiado desde mayo de 2008, cuando firmaron el contrato, hasta ahora, cuando la crisis ha hecho mella en la mayoría. Y ahí es donde nace el malestar de los ciudadanos que ayer hablaron con EPSA, ya que según dijeron el piso subiría unos 200 euros más el metro cuadrado, y como la normativa les obliga a alquilar el piso por un periodo de diez años, al final el precio de la vivienda subiría unos 20.000 euros.

Algo que Felipe Luna, uno de los afectados, calificó de "lamentable" y de un "abuso a personas trabajadoras que necesitamos un sitio donde vivir". Luna, presente en la reunión de ayer, destacó que los afectados dieron varias opciones para arreglar la situación, como que en vez de que el alquiler fuera de una década fuera de menos tiempo, así "por un lado si las cosas mejoran podríamos comprar el piso, y si no, no hubiésemos perdido tanto

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