Los comerciantes de la avenida de los Emigrantes y de la calle María Auxiliadora están recogiendo firmas para que Écija sea considerada como ciudad saturada de "tiendas de inmigrantes chinos". Opinan que estos negocios les provocan "un grave perjuicio".
Los comerciantes se refieren a los bazares, regentados en su mayoría por asiáticos y denominados popularmente chinos. En su campaña aseguran que en la ciudad se han instalado en los últimos años gran cantidad de estos comercios "lo que unido a la reciente inauguración del centro comercial y de ocio N4", está perjudicando gravemente a las tiendas de toda la vida.
En Écija no existe un censo de este tipo de negocios, que, efectivamente, han proliferado en los dos últimos años. Las primeras quejas se escucharon en las tiendas de todo a cien del centro de la ciudad, ya perjudicadas por el desmantelamiento de la plaza de España, también conocida como el Salón, y las obras en su entorno, que fue donde empezaron a verse los primeros bazares. La queja creció de tono cuando, este mismo año, se abrieron dos de estos bazares en sendos puntos estratégicos: uno en la misma plaza de España y otro en la de Santa María, a poco más de 100 metros uno del otro.
En María Auxiliadora y la avenida de los Emigrantes, dos calles netamente comerciales alejadas del centro, no hay tiendas regentadas por orientales, y sí pequeños comercios. Pero hay vecinos que aseguran que, al menos en la avenida, se va a abrir en breve un chino. Y las tiendas de toda la vida, como ya lo hicieron las del centro, han reaccionado ante la supuesta amenaza pidiendo que no se permitan más.
La medida que piden estos comerciantes está en la línea de la moratoria aprobada por el equipo de gobierno (PSOE) el pasado mes de septiembre, y que suspende por un máximo de un año las autorizaciones para la apertura en el entorno del centro de comercios de ropa, zapatos y complementos, ya que, considera el Ayuntamiento de Écija, suponen una merma del atractivo físico del casco antiguo.
Previamente había estallado este mismo conflicto en Alcalá de Guadaíra, donde también se acordó una moratoria para frenar esta competencia. Posteriormente, en la capital hispalense también empezó una polémica similar en el sector. En cualquier caso, pese a las críticas, estos inmigrantes desarrollan su trabajo en el marco de la legalidad.
