48 horas después de que miles de prejubilados acogidos legalmente a un expediente de regulación (ERE) se manifestaran ante la Consejería de Empleo para exigir el pago de sus pensiones -paralizadas desde hace cuatro meses- la Junta hizo pasar ayer a los sindicatos para cerrar un acuerdo que permitirá volver a cobrar a los 4.000 afectados. Los secretarios regionales de UGT y CCOO, que el día antes habían secundado la protesta y acusado a la Junta de "incompetencia", entraron ayer en el despacho del consejero Manuel Recio y salieron con un acuerdo para desbloquear las pólizas congeladas a raíz de la investigación del fraude de las ayudas de Empleo.
Hace más de cuatro meses, la Guardia Civil destapó un supuesto fraude en el procedimiento de pagos de ayudas públicas a empresas en crisis, que incluía falsos prejubilados o intrusos en ERE de empresas en las que jamás habían trabajado. A raíz de esa denuncia, la Consejería de Empleo inició su propia investigación interna. Lo primero que hizo fue paralizar todas las subvenciones que en ese momento venía concediendo, y eso afectó tanto a los que cobraban de forma fraudulenta como a los que estaban acogidos a un ERE de forma legal. La investigación sacó a la luz a 72 intrusos y 111 "discordancias administrativas", y se cifró el fraude en nueve millones de euros. Pero en conjunto se investigó a 5.982 trabajadores (de 68 empresas), de los que casi 4.000 eran prejubilados legales a los que les ha afectado el caso ERE de forma colateral.
Empleo informó ayer a los sindicatos de que sus reuniones con aseguradoras alternativas habían dado frutos y que los prejubilados legales podrían volver a cobrar "regularmente" a partir de la semana que viene, empezando por los cuatro meses de retraso que les adeudan a la mayoría. "A partir del lunes, mejor que el martes, estas personas van a tener plena garantía de que recibirán de forma regular sus pólizas de prejubilación mensuales, en la misma cuantía que debían recibirlo y con todos los atrasos que han sufrido", explicó Recio. El consejero no quiso cuantificar el dinero total adeudado.
Lo que ha retrasado el acuerdo es que resultaba difícil una solución general para todos los afectados, por eso Empleo arbitrará un expediente de gastos específico para cada una de las pólizas que existen. "Esto dará garantía administrativa y jurídica a ambas partes, tanto a los beneficiarios como a las compañías aseguradoras, que querían estar seguras de que no habría problemas de pago por parte de la Junta", dijo el consejero. El dinero adeudado saldrá de los Presupuestos y se abonará a las nuevas aseguradoras como a cualquier proveedor.
El caso ERE ha dificultado el que la Junta llegue a un acuerdo con nuevas aseguradoras que sustituyan a las que están siendo investigadas. Pero no fue la única razón para paralizar las ayudas. También estaba la situación de la aseguradora más potente que tramitaba algunos ERE de la Junta, la belga Apra Leven, que se encontraba en quiebra técnica cuando estalló el caso de fraude. La multinacional estaba a punto de ser intervenida por Bruselas, por lo que la Junta le congeló los pagos con los que ésta hubiera abonado las pólizas de, por ejemplo, más de mil prejubilados de la empresa Hitemasa.
Para los trabajadores afectados por la situación de Apra Leven, se trasladará sus pólizas a otras compañías de seguro, mientras que el resto "no van a notar nada, excepto que en su cuenta tendrán todo lo que les corresponde". Pastrana dio el problema por zanjado, "excepto para los trabajadores en presunción de irregularidad".
Sobre el caso de los ERE, el presidente del PP-A, Javier Arenas, advirtió ayer a la Junta de que cometerá un "presunto delito" si no investigan los ERE muertos (ya pagados), que sí investigará la jueza Mercedes Alaya.
