La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto a seis aseguradoras una multa de 120,7 millones de euros, la mayor sanción de la historia en materia de competencia, por realizar un cártel para fijar precios mínimos en el seguro decenal de daños a la edificación a las viviendas durante el periodo 2002-2007, según informó la CNC en un comunicado.
Las compañías multadas son Asefa, con 27,7 millones de euros; Swiss RE, con 22,6 millones de euros; Mapfre, con 21,6 millones de euros; Scor, con 18,5 millones de euros; Munchener, con 15,8 millones de euros; y Caja de Seguros Reunidos (Caser), con 14,2 millones de euros.
Esta multa se sitúa en el primer lugar en el ranking de las sanciones en materia de competencia por delante de una de 57 millones de euros impuesta a Astel y Telefónica en 2004 y la tercera, de 38,7 millones, impuesta a Iberdrola en 2007.
La CNC concluyó que las compañías aseguradoras alcanzaron un acuerdo de precios mínimos con el objetivo de que fuese aplicado no sólo por ellas, sino por todo el mercado del seguro decenal.
Para ello, las compañías se comprometían a incorporar el pacto de precios mínimos a las guías de tarficación que se anexan a los contratos de reaseguro como contenido de obligado cumplimiento por las aseguradoras.
El resultado de esta maniobra fue la total homogeneidad en las primas propuestas por las distintas aseguradoras presentes en el mercado del seguro decenal en España y la eliminación de la competencia, explica la CNC.
El cártel de precios mínimos se mantuvo vigente desde 2002 a 2007 y durante estos años las empresas participantes vigilaron que el acuerdo de precios mínimos fuese respetado por ellas y el resto de compañías del sector.
EVIDENTES ACTOS DE RETORSION Y BOICOT.
"Existe evidencia de que determinados miembros del cártel realizaron actos de retorsión y de boicot frente a las empresas que se negaban a sustraerse a la disciplina del cártel de precios mínimos, llegando incluso a conseguir romper operaciones comerciales cerradas", concluye la CNC.
Cuando se detectaban incumplimientos, las compañías denunciaban la situación a los restantes miembros del cártel, que de forma coordinada ejercían presión sobre la aseguradora, la entidad financiera, el corredor de seguros o la compañía reaseguradora que había aceptado asegurar las pólizas a precios inferiores.
La Ley de Ordenación de la Edificación introdujo en 2002 la obligación para los promotores de edificios nuevos destinados a viviendas de contratar un seguro de daños materiales a diez años que garantiza los daños causados en el edificio de origen estructural.
Ante el crecimiento del sector de la construcción, y para evitar la caída del precio del seguro decenal, las compañías multadas se reunieron con el objetivo de alcanzar un acuerdo de precios mínimos, que se materializó en un documento de 5 de diciembre de 2001.
