Ocho de la mañana. Suena el teléfono fijo de casa o el móvil. En la pantalla, el anonimato de un número privado y al otro lado de la línea una insistente e incansable operadora que se encarga de acabar con la calma del más paciente. El Consejo de Ministros aprobó ayer remitir a las Cortes un texto con el que poner coto a estas prácticas.
Pronto, estas técnicas, conocidas como spam telefónico (que se podría equiparar al correo basura que recibimos en el e-mail) y otras prácticas de publicidad agresiva serán conductas sancionables, con lo que habrá empresas que se lo piensen dos veces antes de martillear con llamadas para servicios no solicitados por el usuario.
Es uno de los objetivos de la iniciativa aprobada ayer por el Consejo de Ministros, que supone modificar el régimen legal de la competencia desleal en la publicidad y remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que recoge expresamente la prohibición del spam telefónico o la "ocultación" de información en este sector, entre otras medidas.
Las actuaciones sancionables comprenden aquellas conductas "engañosas" que contengan información "falsa" y que, aun siendo veraz por su contenido o presentación, puedan inducir a error a los destinatarios. Varios ejemplos: el caso de la asistencia posventa o el tratamiento de las reclamaciones.
Asimismo, se considera "desleal y agresivo" todo comportamiento que pueda mermar "de manera significativa" -mediante acoso, coacción, fuerza o influencia indebida- la libertad de elección o conducta de los consumidores en relación al bien o servicio que se oferte.
En este punto el nuevo texto legal prevé la posibilidad de emprender acciones para resarcir daños por parte de los afectados y las autoridades competentes.
Se incluyen entre las conductas sancionables, la comparación pública de una actividad con un tercero en el caso de referirse a extremos que "no sean análogos, relevantes ni comparables".
El Gobierno prohibirá inducir a los consumidores a "tomar medidas inmediatas" con el pretexto de que un bien o servicio estará sólo disponible durante un periodo de tiempo limitado y no sea cierta esa afirmación. Con ello se pretende dar seguridad jurídica a las empresas que compiten legítimamente en el mercado.
Pero el de ayer fue un día de suerte para el consumidor. El Gobierno aprobó, además, la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones que incluye la indemnización automática en caso de avería en las comunicaciones fijas y móviles, si la cuantía es de más de un euro, y si se interrumpe internet por más de 6 horas entre las 08:00 y 22:00.
La Carta añade 20 nuevos derechos a los existentes y sitúa a España a la vanguardia de los países europeos en este ámbito. La nueva normativa prohíbe que el operador pueda modificar unilateralmente las condiciones contractuales si no están previstas expresamente en el contrato. En caso de modificación, el usuario deberá ser avisado con un mes de antelación y tendrá derecho a romper el contrato sin penalización si no está de acuerdo con el cambio. Las modificaciones serán comunicadas con un mes de antelación a la Administración y asociaciones de usuarios.
El contrato deberá reconocer el derecho del usuario a elegir el medio de pago de forma que no pueda ser impuesta la domiciliación bancaria como único medio.
Además, se reduce de 15 a 2 días el plazo que el operador tiene para dar de baja a un cliente, con lo que prohíbe la facturación posterior a ese periodo. El cambio de operador conservando el número (portabilidad) se reduce a un día y la Carta refuerza la protección del usuario frente a altas fraudulentas.
Se prohíbe publicitar velocidades de acceso a internet que excedan las permitidas realmente por la tecnología.
