Cuatro de las diez universidades andaluzas (la Hispalense, la Olavide, Granada y Cádiz) han decidido mantener la convocatoria de plazas de promoción interna para profesores titulares y catedráticos pese a que recibieron a finales de junio un apercibimiento del Ministerio de Hacienda donde se les exigía pararlas alegando que habían sobrepasado la tasa de reposición fijada en un 10%. El departamento de Cristóbal Montoro les advertía de un posible recurso por parte de Abogacía del Estado. El desafío de las universidades andaluzas a Hacienda afecta a algo más de un centenar de plazas, según los datos recabados por esta redacción.
Las universidades de Córdoba, Huelva, Jaén y Almería han sido preguntadas por esta situación pero no han facilitado datos al cierre de esta edición.
Los dos campus andaluces que no se ven afectados por este problema son la UNIA (por motivos obvios, ya que su estructura académica nada tiene que ver con la tradicional de grados) y la Universidad de Málaga.
Una de las primeras en dar la voz de alarma fue la Universidad de Granada. Allí, el apercibimiento de Hacienda pone en jaque 59 plazas repartidas de la siguiente manera: 29 para catedráticos, 29 para profesores titulares y una para catedrático vinculado. El Rectorado ha presentado un recurso y, mientras éste tiene contestación, el proceso sigue su curso, confirmaron fuentes de esta institución.
En el caso de la Universidad de Sevilla, el rector, Antonio Ramírez de Arellano, informó de la situación el pasado 25 de julio a su Consejo de Gobierno. En la Hispalense, son 13 las plazas convocadas y que están ahora en el aire. "La Universidad de Sevilla, al igual que el resto de Universidades, recibió el requerimiento del Ministerio de Hacienda sobre las plazas convocadas en junio pidiendo su retirada y avisando de que si no se hacía se trasladaría a la Abogacía del Estado, quien en su caso las llevaría al contencioso", explican fuentes de la Hispalense. Esta Universidad, previa consulta a los afectados y "según criterios de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)", decidió continuar con la convocatoria porque "entendemos -alega- que cumplen la legalidad. "Existen discrepancias sobre la interpretación de una norma -la de la tasa de reposición- que no parece clara", apostillan las fuentes.
El rector, en su informe al Consejo de Gobierno, señaló que la Hispalense está "a la espera de los recursos que interponga el ministerio si así lo estima oportuno para defender la actuación en el marco de la legalidad que entendemos la Universidad de Sevilla ha llevado a cabo".
En la misma tesitura está la otra universidad sevillana. La Pablo de Olavide mantiene una convocatoria de 19 plazas aprobadas en un Consejo de Gobierno "anterior" a la publicación del real decreto que define la tasa de reposición. La Olavide enmarca su decisión dentro de la autonomía universitaria y recalca, como hacen todas las Universidades afectadas, que la convocatoria no implica la creación de nuevas plazas (se trata de una promoción interna) ni supone un incremento de los gastos. Además, la Olavide recalca que, desde la aprobación del real decreto tiene paralizadas 25 plazas de acreditados. Es decir, profesores que pueden promocionar bien a titulares o a catedráticos pero que no pueden hacerlo por este impedimento legal. Idéntica situación vive la Universidad de Cádiz. Allí el número de plazas es ínfimo, ocho. El Rectorado gaditano, no obstante, deja claro que la suspensión de la convocatoria está encima de la mesa. Abogacía del Estado tiene dos meses a contar desde el pasado 1 de septiembre para tomar una decisión. Ya hay Universidades que se temen lo peor.
TESORERÍA. Las universidades tienen por delante un curso complicado. El primer frente que tienen que atacar es el relacionado con los problemas de tesorería. La Junta les debe 750 millones, una cantidad que pone en serios aprietos el funcionamiento del curso con normalidad. Hasta ahora, y después de unas palabras más altas que otras, el Gobierno andaluz ha decidido liberar 25 millones con los que atender las facturas más urgentes. La cantidad es "insuficiente" para los rectores, a los que los proveedores les hacen cola en los Rectorados desde hace meses. Pero a los problemas económicos se le añaden otros no menores, como las protestas estudiantiles por la subida de las tasas universitarias.
