Aunque lo parezca, la sanidad no es gratuita, ya que cada ciudadano la paga a través de impuestos directos. Por eso, a partir de los próximos meses, quien acuda al hospital de la comunidad podrá saber cuánto cuesta que lo atiendan. Así lo anunció ayer la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, quien explicó que su equipo trabaja para impulsar durante este año la llamada factura sombra.
Esta iniciativa pretende concienciar al ciudadano del coste real de los servicios médicos ofertados en el sistema público de sanidad. En concreto, Montero incidió en que lo que quiere su consejería es "dar a conocer de forma aproximada a los usuarios el coste de su paso por lugares fundamentales, como la estancia hospitalaria" o los servicios de Urgencias.
Según la consejera, la importancia radica en evitar la sensación por parte de la ciudadanía de que son servicios gratuitos para evitar así "su uso de forma indiscriminada". Eso sí, Montero recalcó que esta medida no supondrá en ningún caso un primer paso hacia el conocido como el canon disuasorio por consulta -dicho de otro modo, la corresponsabilidad del pago, aunque sea con una cantidad testimonial- ya que este canon "no supone un impacto real sobre la recaudación y sí genera desigualdad social". Estas facturas simbólicas ya se emiten en otros países europeos, como Alemania, donde los ciudadanos reciben el coste real de los medicamentos que requieren.
La consejera insistió también en que la solución a la amenaza permanente de déficit económico que padece el sistema sanitario autonómico pasa por emplear herramientas tecnológicas como el sistema Salud Responde, que en 2009 gestionó 17 millones de citas y permitió atender, sin necesidad de que el paciente se mueva de casa, más de 72.000 consultas relacionadas con la gripe A. Eso permitió no saturar los centros sanitarios en los meses cumbre de la epidemia.
En cuanto a la privatización de servicios sanitarios llevadas a cabo en otras comunidades autónomas, como Madrid o Valencia, Montero señaló que esas medidas sólo generan desconfianza en la ciudadanía y suponen "una hipoteca para el futuro".
En el caso andaluz, la consejera destacó que estudia consensuar la inversión en materia sanitaria con todos los agentes y que sí anima al sector de la construcción a invertir en infraestructura, lo que definió como un "interés legítimo". La salud, sólo en Andalucía da empleo al 4% de la población activa.
