A las cinco de la tarde de ayer quedaron totalmente derribadas cinco viviendas construidas ilegalmente desde 2004 en suelo rústico en la parcelación Pedrique, ubicada en el término municipal de Obejo (Córdoba). Es el primer derribo ejecutado por orden judicial en la provincia.
La parcelación Pedrique se encuentra en plena sierra, a unos 30 kilómetros de la capital cordobesa. Es el primer derribo ejecutado por orden judicial que se recuerda en esta provincia, cuya capital alberga más de 6.000 viviendas levantadas ilegalmente, muchas en proceso de regularización, otras incluso aún en construcción.
La justicia ha sido implacable en este caso. Antonio Alonso, vecino de la localidad cordobesa de 70 años y el único de los vecinos afectados que tenía esta casa como primera residencia, tuvo que ser ingresado ayer con una crisis nerviosa cuando vio como dos excavadoras se dirigían a su casa.
Los afectados denunciarán ahora al constructor que les vendió el suelo y las casas "a sabiendas de que serían derribadas". Hay quien interpreta este derribo como un mensaje de aviso para quien se arriesga hoy aún a construir en suelo rústico de la sierra de Córdoba, hay quien cree que este mensaje llega muy tarde.
De hecho, las cinco casas que fueron destruidas a primera hora de ayer están rodeadas por unas cien viviendas más, que no serán derribadas. Eso es algo que no entiende Fernando Lora, otro de los vecinos propietarios de estas construcciones. Junto a él, otras cuatro familias recurrieron hace unos días al Tribunal Constitucional pidiendo la suspensión del derribo al entender que se ha vulnerado su derecho a una tutela judicial.
Y es que ni Fernando, ni el resto de los vecinos fueron denunciados, llamados a declarar o advertidos del riesgo que sus casas corrían. Ellos no pero sí Francisco Otero, el constructor que les vendió los terrenos y las casas. Desde 2004 fue denunciado en varias ocasiones por la Policía Local de Obejo, le instaron a paralizar las obras y recibió sentencias que recurrió, hasta que la última, en noviembre, se hizo firme.
En ningún momento dijo nada a sus clientes. A él lo han condenado a un año y ocho meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro por desobediencia a la autoridad. Ahora será denunciado por estas cinco familias que se consideran víctimas de un delito de estafa por valor de 450.000 euros.
