Embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño. Manu R.R.
"Quien tiene la riqueza y el poder es el que tiene el conocimiento. Ecuador es uno de esos países que, al contrario de lo que parece en España, tiene claro hacia dónde tiene que dirigir su futuro. Sabe que en estos momentos de crisis hay muchos cerebros que, incomprensiblemente, no tienen cabida en el actual sistema. Y está dispuesto a abrir sus puertas con incentivos para que transfieran el conocimiento a su país.
Ecuador reclama científicos y médicos especialistas para cubrir el importante déficit de sanitarios que tiene, por medio de profesionales nativos y españoles a los que se ofrecen sueldos competitivos. A día de hoy hay 63 médicos españoles en proceso de marcharse.
Así lo explica la embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, que el viernes estuvo en Sevilla y se reunió con responsables de la Junta de Andalucía para abordar la otra cara de la crisis, la situación de los ciudadanos ecuatorianos en España y los planes de retorno voluntario que el Gobierno de Rafael Correa ha puesto en marcha para recuperar parte del capital humano que se marchó hace una década por la crisis de su país pero nunca encontró aquí un empleo a la altura de su cualificación. Una segunda oportunidad en Ecuador que Buenaño vino a ofrecer también a los sevillanos.
Para llevar a cabo la revolución educativa que persigue Ecuador, buscan atraer a los mejores cerebros. Investigadores y científicos que transfieran el conocimiento y refuercen así las universidades públicas. La meta es fortalecer los centros educativos y mejorar como sociedad del conocimiento. Para ello quieren afianzar estos cimientos con 5.000 profesionales hasta 2017. La embajadora lanzó esa invitación a los investigadores en Sevilla, en momentos en que España se resiente por la tijera presupuestaria. Es un programa que se llama Prometeo Viejos Sabios. Ya hay 239 investigadores que cruzarán el Charco, de ellos, 60 son españoles. Se marcharán entre cuatro meses y un año, prorrogable a dos años más y con salarios que se sitúan entre los 4.000 y los 6.000 dólares al mes, en un país cuatro veces más barato que España y con un IVA del 12% frente al 21% de acá.
Con esta ronda de contactos, ya emprendida en otras ciudades españolas, se persigue atender los principales problemas de esta comunidad, que cuenta con 5.000 residentes en Sevilla y más de 20.000 en Andalucía, y que se centran en el desempleo y en las dificultades para afrontar la hipoteca y que derivan por tanto en procedimientos de desahucio. En España solo en el último año hemos atendido a 7.000 compatriotas para asesorarles por estos problemas, asegura la embajadora, que ha venido a conocer en profundidad el decreto de la Junta sobre la función social de la vivienda.
El Gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha medidas para proteger a los ciudadanos que peor lo están pasando para que puedan regresar a su país sin pesadas cargas en la maleta. Así, Buenaño precisa que se ha restringido la compra de créditos hipotecarios a los bancos españoles a precio de gallina enferma para luego cobrarlos al 100% en Ecuador. En este marco de protección, además, no se puede ejecutar en aquel país ninguna sentencia dictaminada en otro país extranjero y se ha aprobado una ley que garantiza la dación en pago.
Es difícil poner cifras al retorno de emigrantes a causa de la crisis. Los datos que maneja la embajadora, que reseña que no son oficiales puesto que hay muchos que tienen la doble nacionalidad y salen como españoles pero vuelven al país como ecuatorianos, apuntan a que solo el año pasado regresaron en torno a 50.000. De ahí que hayan diseñado planes de retorno con contrato de trabajo, que se perfilaron a principios de 2012, para asegurar un regreso ordenado y productivo y apoyar a aquellos que quieran volver voluntariamente.
En esta línea se enmarca el Plan de Docentes, en el que ya se han inscrito 780 ecuatorianos, que se someterán a un examen el próximo día 27 para que, en el caso de superarlo, puedan volver con un puesto de trabajo asegurado bajo el brazo. Otra actuación es la que se denomina Plan Tierra, destinado a agricultores por el que el Gobierno asigna un terreno para su explotación. Hemos ayudado a formar asociaciones agrícolas, ya llevamos catorce, indica Buenaño.
