De los 53 controladores aéreos que ayer tenían que haber acudido por la mañana al centro de control de El Prat de Barcelona para trabajar, 18 no se presentaron. De esa cifra, ocho bajas fueron comunicadas "minutos antes de comenzar el servicio", lo que dificultó la organización de relevos para cubrir a quienes no fueron al trabajo.
Ya por la tarde, se elevaron a 21 las ausencias de los 57 previstos, esto es, un 36,8% del total. En este caso, fueron nueve las bajas anunciadas con poca antelación, según informó Aena.
Una situación que se suma a la vivida el domingo pasado, cuando 28 controladores no acudieron a trabajar, el 44% de los que tenían que hacerlo. De ellos, 24 alegaron razones médicas.
El ministro de Fomento José Blanco amenazó entonces con una investigación, tras la cual pueden acabar siendo denunciadas esas "bajas masivas" en los tribunales. Aena ya ha pedido dicha investigación en la Seguridad Social y, si se encuentran fundamentos para ello, serán denunciadas ante la Fiscalía.
La acumulación de bajas por enfermedad entre los controladores, acusados por Aena y las aerolíneas de hacer una huelga encubierta, ha abierto un debate en el seno del Gobierno, que estudia una modificación de la regulación legal de las prestaciones por incapacidad temporal, según avanzó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien aseguró que éstas deben "proteger a los trabajadores enfermos y no pueden ser utilizadas por colectivos que persiguen finalidades diferentes, como la de obstaculizar el funcionamiento de los servicios públicos" y con objeto de que "no sean utilizadas de forma desaprensiva" ni "perversamente".
La falta de controladores aéreos del centro de control provocó retrasos de entre 20 y 30 minutos de media en los vuelos de la tarde, a sumar a las demoras de entre 30 y 60 minutos de la mañana. Para Granado, "estadísticamente es muy difícil que se pueda producir tal número de bajas sin que obedezca a una posición concertada".
La Mesa de Turismo acusó a los controladores de "estar tomando como rehenes a los pasajeros, lo que supone un auténtico sabotaje contra la economía nacional y la turística", y pidió al Ejecutivo que "resuelva la situación con la máxima energía, contratando, si es preciso, a controladores de otros países europeos que cobran mucho menos que los privilegiados españoles, o incluso, controladores militares".
En esa línea, Facua lo consideró "una burla al legítimo derecho de huelga y un desprecio a los trabajadores que cuando quieren reivindicar lo hacen sin recurrir a medios torticeros".
«Que se investigue hasta el final»
El portavoz del sindicato USCA animó no sólo a que se investiguen las bajas médicas de los trabajadores, sino también si se cumplen los requisitos normativos en la organización de sus turnos.
Fuentes sindicales aseguraron que las bajas están justificadas médicamente y los retrasos son fruto de la mala organización, situación que "no es nueva" y advirtieron de que si no cambia la organización, lo que queda de verano será "más complicado".
