La clave para esa disminución de adolescentes que vuelven a las andadas está en la "prevención" y en las actuaciones educativas, que "están dando sus frutos", aunque la apuesta de la Junta, insistió Álvarez, es la de "potenciar" esa formación en valores que evite delitos posteriores. "Los datos son cada vez más esperanzadores y los chicos andaluces están aprendiendo que se pueden resolver las cosas de forma pacífica", insistió.
Actualmente, la tasa de delincuencia entre adolescentes de la comunidad de entre 14 y 18 años es del 1,6%, y la cifra se reduce aún más, hasta un 0,6%, en el caso de los infractores de 14 años. De ahí que la consejera considerase ayer que "no tiene ningún sentido" plantear una reforma de la Ley del Menor que refuerce las penas para los chavales de esta edad. "No hay que cambiar la norma, lo que hay que hacer en dar a conocer los muchos casos de menores que salen de esa espiral de violencia y se insertan en la sociedad para desarrollar una vida absolutamente normal". A su parecer, se está promoviendo un debate "interesado" que da a entender que cuando un chico comete una infracción "no hay respuesta, cuando no es así". "En la Junta no hay inquietud por esto, ya que los datos de criminalidad de menores son muy pequeños, es algo interesado que se pida un endurecimiento de penas", lamentó. "Son muy pocos los que, después de haber trabajado en centros de la Administración y de haber ejecutado la medida, vuelven a cometer una infracción", ahondó, al tiempo que señaló la necesidad de "resaltar" esta realidad frente a la que se transmite "sobre un niño especialmente agresivo o presunto asesino".
Begoña Álvarez hizo balance de la situación de los menores infractores en su visita a Almería -la provincia "donde mejor se está trabajando" en reinserción- para presidir una reunión con directores de centros de justicia juvenil de toda Andalucía. A ellos les anunció la puesta en marcha de un sistema integral de información que gestiona los expedientes judiciales de los menores infractores, un registro que permite "minimizar" los procesos burocráticos al tiempo que hará que la gestión de los historiales completos sea digital y única desde el inicio de la ejecución de la medida de internamiento hasta el cumplimiento, incluidas las medidas no privativas de libertad y la libertad vigilada. El proyecto -que ha contado con una "exigente auditoría" de seguridad, toda vez que la información de los menores es muy sensible- permitirá que jueces y fiscales accedan a los expedientes de los infractores y supervisen la ejecución de las medidas, tanto de internamiento como de medio abierto, cuando el sistema se incorpore en abril a su aplicación informática corporativa.
