La tensión persiste en El Aaiún. Esta ciudad fue escenario el lunes de los más duros enfrentamientos callejeros desde hace 20 años entre saharauis y fuerzas de seguridad marroquíes y ayer continuaron las escaramuzas.
Las hostilidades estallaron después del desmantelamiento forzoso del campamento de Gdaim Izik, donde miles de saharauis reivindicaban sus derechos económicos y sociales desde hacía un mes.
Tras los sucesos, el balance provisional de víctimas, según Marruecos, es de ocho fallecidos. Después de que ayer se informara de la muerte de tres agentes de las fuerzas del orden marroquí. Hasta el momento, Rabat sólo reconoce una víctima civil saharaui, Brahim Gargar Uld Med Uld Hammadi, cuya muerte, según las fuentes marroquíes, está siendo investigada por la Fiscalía.
Sin embargo, el Frente Polisario habla de al menos 11 muertos. En un comunicado, el Ministerio de Información saharaui cifró, además, en 723 los heridos y en 159 las personas desaparecidas. "Las fuerzas de agresión marroquíes utilizaron balas reales, bombas lacrimógenas, porras, piedras y cañones de agua contra una población pacífica sin defensa, compuesta por más de 26.000 personas en su mayoría mujeres, niños y ancianos", afirmó este comunicado.
Igualmente, las asociaciones pro saharauis denunciaron que la ciudad está en manos de las fuerzas marroquíes. "El Aaiún está tomada por los militares", informó una portavoz de la organización no gubernamental Thawra. Además, acusaron que a lo largo de la noche se han registrado asaltos e incendios de viviendas y automóviles, en los que han intervenido colonos civiles marroquíes "con el beneplácito de las autoridades". Según informó ayer El País en su versión digital, la ONG Resistencia Saharaui aseguró que Marruecos ha ordenado la busca y captura y de los activistas y organizadores del campamento, por lo que, según esta fuente, la Policía marroquí está entrando desde el lunes en las casas de las familias saharauis.
No obstante, el jefe de la Policía de la ciudad calificó la situación como "estable y normal" desde el lunes. La vida ha recuperado "su curso normal" en El Aaiún gracias al "apoyo de los ciudadanos a las fuerzas del orden", indicó la agencia estatal marroquí de noticias MAP.
Bloqueo a los periodistas. El acceso por vía aérea hasta El Aaiún quedó ayer de nuevo bloqueado para 13 periodistas de ocho medios españoles y uno francés, que no recibieron explicaciones por parte de la aerolínea marroquí Royal Air Maroc. Se trata de la tercera vez en dos semanas que los periodistas internacionales ven frustrado su intento de acceder a El Aaiún para informar de los acontecimientos.
Por ello, la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, pidió a Marruecos que permita a la prensa poder trabajar de manera "transparente" en El Aaiún para indagar sobre lo ocurrido tras el desalojo por la fuerza del campamento saharaui.
Asimismo, el Gobierno saharaui demandó a la ONU que envíe una comisión de investigación a la zona para "arrojar luz sobre este horrible crimen". En este sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU inició ayer gestiones para convocar una reunión informativa acerca de estos disturbios. "Esta sesión informativa no está diseñada en contra de nadie, lo que se pretende es recabar información porque hay muchas contradicciones", explicó a Efe un representante diplomático.
También la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Catherine Ashton lamentó estos enfrentamientos. "Estamos muy inquietos por la ola de violencia en el Sáhara Occidental y seguimos muy de cerca los acontecimientos", declaró y pidió a todas las partes que mantengan la calma y eviten la violencia.
En cuanto a las decisiones del Gobierno español, ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, señaló que España "no puede permanecer indiferente" a los acontecimientos. Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró muy importante que, pese a los enfrentamientos, Marruecos y el Frente Polisario sigan negociando en Nueva York bajo los auspicios de la ONU. A él se unió Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, que defendió la prudencia del Gobierno y consideró este diálogo como la única vía posible para lograr una solución.
