Endesa, según el PSOE, ha enviado varios avisos al Consistorio alertando de posibles cortes de suministro. / J.M. Cabello
El Ayuntamiento de Sevilla lleva recibiendo mensualmente desde principios de año avisos de Endesa alertándole de que puede cortar el suministro del alumbrado público, en los servicios no esenciales, si no abona debidamente la facturación correspondiente, según denunció ayer el grupo municipal socialista. En realidad, no hay riesgo de que la ciudad se vaya a quedar a oscuras, si bien estas alertas estarían motivadas por una «irregularidad» administrativa. El contrato del Consistorio con Endesa terminó en 2013 sin que se haya vuelto a sacar a concurso público, por lo que se están abonando facturas no respaldadas contractualmente.
Esta situación se repite también con determinadas prestaciones de telefonía, fuentes públicas o agua esta última, al ser responsabilidad de Emasesa, una sociedad municipal, no presenta tantos problemas, según aseguró ayer en rueda de prensa el portavoz adjunto del grupo socialista, Antonio Muñoz, quien cifró en 5,4 millones los que estarían afectados por anomalías.
El concejal del PSOE explicó que el gobierno local ha prescindido del procedimiento de la contratación, estando todos estos suministros garantizados solo por un «contrato verbal», que la legislación no contempla. De hecho, según dijo, la Intervención Municipal lleva desde principios de año emitiendo informes que avisan de estas «irregularidades, subiendo el tono en cada uno de ellos». «El problema no es que se pague mal y tarde, es que están fuera de la legalidad. Es hora de desmitificar la gestión del PP», añadió.
Según relató, elAyuntamiento, para hacer frente a estos pagos, que no están respaldados por partidas presupuestarias, recurre a dos fórmulas alternativas: la «indemnización» a la empresa correspondiente o la modificación de partidas presupuestarias ya asignadas.
Muñoz respaldó su denuncia con varios textos de la Intervención.Uno, del 26 de mayo, alerta de que «no existe contrato que ampare jurídica y presupuestariamente las prestaciones» y de que «esta situación puede generar perjuicios económicos al Ayuntamiento». En otro, del 27 de octubre, apunta que «no existen contratos que amparen jurídica y presupuestariamente las prestaciones». Otro, del 12 de noviembre, indica de nuevo que «no consta existencia de contrato vigente que dé amparo jurídico y presupuestario». Incluso da un paso más: «La situación de este servicio determina una nulidad de pleno derecho». «Se está prestando un servicio de suministro eléctrico para el alumbrado público sin contrato.Procede la nulidad de los actos dictados prescindiendo total o absolutamente del procedimiento legalmente establecido por lo que no pueda ser objeto de obligaciones para la hacienda municipal», agrega. En otro, del 27 de octubre, recoge que «se está prestando el servicio de telefonía con un contrato que no tiene vigencia y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».
Muñoz detalló que los gastos que se encuentran en esta situación son los de telefonía de febrero a julio, por valor de 62.196 euros; dos facturas por el alumbrado público, de febrero a agosto y de enero a mayo, por valor de 2,8 millones de euros; y una factura por 108.224 euros por el suministro energético de las fuentes públicas, ascendiendo en total a unos 2,98 millones de euros.
La delegada de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, respondió por comunicado que el gobierno «no tiene ninguna deuda respecto a los suministros de luz, agua, gas o telefonía porque paga al día». Tras recordar las múltiples deudas que, según ella, heredó del anterior equipo, se refirió a la forma de pago. Según explicó, «la complejidad de algunos contratos de suministro ha motivado que su tramitación se prolongue en el tiempo, pero todo ello se ha solucionado». De hecho, anunció que los nuevos contratos de luz y teléfono estarán en vigor a principios de año. En el caso de la tarifa de último recurso de electricidad, su licitación va a ser aprobada por la Junta de Gobierno esta semana o la próxima. Respecto al de telefonía, apuntó que «era carísimo y se pagaba mucho», pero ya se están valorando las ofertas para adjudicar mediante concurso público el desarrollo de una Red de Telecomunicaciones Metropolitana.
