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El campo amarra sus ayudas pero no cuánto tendrá cada agricultor

La provincia recibirá entre 450 y 500 millones anuales pero será la nueva comarcalización del Estado la que fije la subvención individual.

el 08 jul 2013 / 00:47 h.

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  El campo sevillano percibió de las arcas comunitarias 447,16 millones de euros en ayudas agroganaderas, a los que se agregaron otros 65,72 millones en conceptos vinculados al desarrollo rural –desde indemnizaciones por jubilaciones anticipadas hasta financiación para los jóvenes agricultores– en el último ejercicio de pagos agrícolas –un año a contar desde mediados de octubre de 2011–. Desde que la mayoría de esas subvenciones comenzaran a otorgarse como derechos históricos, con independencia de los volúmenes de cosecha, la cuantía anual apenas varía. Y para hacerse una idea de cuánto representa, ese dinero equivale en campañas normales al 35% de la renta agraria de la provincia, y en desastrosos como el pasado, a la mitad. Pues bien. Durante dos años, esa gigantesca partida y su importancia para la economía de los pueblos ha estado en el aire puesto que Bruselas pretendía que todos aquellos que trabajan la tierra cobraran por igual un importe mínimo, al que se sumarían después otras primas si cumplían determinadas variables, fundamentalmente medioambientales. Era la llamada, en el argot agronómico, la tasa plana. Y esta igualdad, que en principio parecería razonable, hubiera implicado un trasvase de fondos desde Andalucía hacia otras comunidades autónomas, por la sencilla razón de que su agricultura, en términos generales, es más productiva que las demás. campo-pacTal peligro ha pasado. Después del acuerdo europeo para la nueva PAC (Política Agraria Común o régimen de ayudas al campo) para el septenio 2014-2020, Sevilla consigue amarrar una financiación por campaña que oscilará entre los 450 y los 500 millones de euros, puesto que la tasa plana finalmente no se aplicará en su integridad –no ha sido aprobada en su concepto originario por los ministros del ramo de la Unión Europea–. Sin embargo, la cifra tan sólo es aproximada, habida cuenta de que quedan por dilucidar dos cuestiones importantes. La primera atañe a cómo se repartirá el descenso en la ficha financiera de España hasta 2020 –para el conjunto del periodo, serán 47.000 millones los que procedan directamente de la UE, que si bien es una partida similar a la todavía vigente, hay que tener en cuenta que no se actualizará conforme a la inflación, y eso implica un recorte final; a ese volumen se deben agregar en torno a 3.000 millones como contribución nacional obligatoria a determinados programas–. Y la segunda advierte sobre la mucha letra pequeña que queda por escribir respecto a dos claves: 1) aclarar la definición de agricultor activo, es decir, quiénes tendrán derecho a cobrar y quiénes no, un debate que, aunque parezca mentira después de medio siglo de historia de la PAC aún no está cerrado; 2) concretar dentro del Estado español el nuevo plan de regionalización, esto es, la renovada comarcalización agraria –por ejemplo, el trigo tiene actualmente una subvención que se calcula sobre los rendimientos históricos arrojados por una concreta comarca–. Este último matiz es importantísimo, puesto que cualquier cambio en el mapa conlleva a su vez alteración en la cuantía de la prima, como demuestra el largo conflicto judicial que entabló Asaja-Sevilla con el Ministerio de Agricultura en tiempos de Pedro Solbes –principios de la pasada década– a cuenta de un plan de regionalización productiva que menguaba las partidas para la agricultura de regadío en varias comarcas de la provincia, una batalla que la patronal agraria ganó en el Tribunal Supremo. Comarcalizar no será tarea precisamente fácil. Es más, será muy compleja. Fernando Miranda, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, reveló la pasada semana en Sevilla que el Ministerio pretende configurar para el conjunto del Estado entre 20 y 40 comarcas agrícolas sujetas a criterios geográficos y agronómicos (son los rendimientos de los cultivos de secano, los de regadío, los de aquellos considerados permanentes, como el olivar, y los pastos). Procediendo así, se arbitran comarcas homogéneas y se evita, pues, el temido e injusto trasvase de fondos entre unas y otras. Y era injusto puesto que la tasa plana hubiera conllevado penalizar la rica agricultura andaluza en favor de otras regiones menos productivas –de hecho, aparecieron comunidades que, con ojo avizor, abrazaron la inicial propuesta de Bruselas–. Incluso hubo un cálculo de Asaja: el desvío desde Andalucía se hubiera elevado a mil millones de euros –en el último ejercicio, el volumen cobrado de la PAC fueron 1.723,98 millones, más 280,69 en partidas al desarrollo rural–. Sobre la definición de agricultor, Miranda dejó claro que sólo llegará a quienes ejerzan una actividad agraria real –palabras textuales–. Se presupone, pues, que cobrarán de Bruselas única y exclusivamente los agricultores –ya sea en persona o bajo una sociedad empresarial– que ejecuten en efecto labores agroganaderas, para eludir así la percepción por parte de compañías o corporaciones que no tienen nada que ver con el campo aunque, por derechos adquiridos, se embolsan ayudas. Y aquí llegamos a la sempiterna polémica de los grandes perceptores, los terratenientes, del constante intento de la Comisión Europea de ponerles techo en la cuantía a recibir. En el caso de Sevilla estamos hablando de los nombres de siempre: la Casa de Alba, la familia Hernández Barrera (fundadores de la arrocera Herba), las familias De la Cámara y Mora-Figueroa, el duque del Infantado... Todos rondan o superan los dos millones de euros al año en subvenciones. No habrá tope –en principio se hablaba de 300.000 euros anuales, lo que hubiera puesto en jaque a a las grandes fincas–, aunque sí se aplicará la tijera con más intensidad a quienes rebasen los 150.000 euros por campaña. El recorte, en concreto, será del 5 %. Bruselas apuesta por la agricultura empresarial. Para finalizar, si usted es agricultor se preguntará cuánto cobrará con la nueva PAC. Ni idea. Tendrá que aguardar a que en España de despeje la comarcalización y el censo de los activos del campo.

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