El pleno del Consejo General del Poder Judicial salió ayer al paso de las reiteradas declaraciones de miembros del Gobierno, solicitando que se eleve la sanción al juez Tirado. En una declaración institucional pide un "clima de serenidad" y garantiza que la resolución de la sanción al magistrado se hará con "absoluta independencia".
Desde que se conoció la decisión de multar al juez Rafael Tirado con 1.500 euros por no encarcelar al presunto asesino de Mari Luz Cortés han llovido las críticas por parte de diferentes miembros del Gobierno, que reclaman que se eleve la sanción al magistrado a los tres años de suspensión. Ayer, el pleno del recién elegido Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó una declaración institucional en la que rechaza las críticas, "cualquiera que sea su procedencia".
En la declaración, que fue leída ante los medios por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el órgano de gobierno de los jueces defiende su "absoluta independencia y responsabilidad institucional" en todas sus resoluciones. Así, garantiza que "en modo alguno" las manifestaciones realizadas en relación a la sanción de Tirado "no influirán en las decisiones que se adopten". Además, en el comunicado el órgano hace un llamamiento expreso "al mantenimiento de un clima de serenidad y confianza" y respeto para poder desarrollar sus competencias.
Pese a que las críticas -entre ellas la del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo- que el Consejo ha venido recibiendo desde que el 10 de septiembre se conociera la multa de Tirado, impuesta por el anterior pleno, han sido calificadas por muchos sectores como injerencias políticas, Bravo no quiso calificarlas así, y aseguró que el Consejo respeta la ideología de cualquier ciudadano, "ocupe el cargo que ocupe". No obstante, reconoció que este tipo de manifestaciones "no contribuyen a crear el clima de serenidad necesario y pueden contribuir a confundir al ciudadano y a que pierdan la confianza en las instituciones".
En la declaración, el CGPJ reitera su "total compromiso" en la defensa de la independencia del Poder Judicial en su función de garante de las libertades y de la tutela de los derechos de los ciudadanos y deja patente la confianza del Consejo en la labor que "los órganos jurisdiccionales desempeñan", pese a las dificultades que se puedan encontrar, " con la eficacia y eficiencia que la sociedad demanda".
El órgano de gobierno de los jueces, además, rechaza "rotundamente" que las posiciones ideológicas personales de cada vocal determinen sus decisiones. "Trabajamos sin ataduras políticas, no se actúa por bloques", aseveró Bravo, que recordó que todas las decisiones disciplinarias que tome el Consejo se basarán en el principio de la legalidad.
El CGPJ tiene ahora que resolver sobre el recurso de la Fiscalía que pide que la multa se eleve a los tres años de suspensión, y del juez Tirado, que se opone a cualquier sanción. Tras ello, según fuentes del Consejo, la comisión disciplinaria tiene que emitir un informe sobre dicha multa y posteriormente el vocal Félix Azón debe elevar una propuesta al pleno, que tiene finalmente que resolver sobre el recurso. De momento, el próximo pleno se celebra el 29 de octubre, aunque aún se desconoce si la sanción al magistrado entrará en el orden del día o si, en cambio, se dejará para el siguiente.
