No solo el Ayuntamiento de Sevilla se queda colgado con edificios y terrenos municipales por cuya adjudicación no pujan las empresas. Al Puerto de Sevilla le acaba de ocurrir lo mismo con los terrenos de los antiguos astilleros para la reparación de barcos. Lo esperpéntico de esta situación es que el concurso público en este caso fue abierto a instancia de tres empresas supuestamente interesadas que finalmente no han llegado a formalizar la presentación de la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos, por lo que el concurso quedó desierto. Y especialmente sorprendente resulta que el presidente de Sevilla Shipyard, la principal sociedad interesada cuya oferta forzó el concurso, tampoco sepa a ciencia cierta qué ha pasado.
Sevilla Shipyard es una empresa familiar presidida por Luis de Celis que se constituyó poco antes de lanzar en mayo su oferta por los astilleros sevillanos con un capital social de 4.000 euros. De Celis presentó públicamente un proyecto con una inversión inicial de cuatro millones de euros para crear unos 70 empleos en el primer año y empezar la actividad con la reparación de 25 barcos. Por ley, la Autoridad Portuaria tuvo que publicar en el BOE esa oferta por si había otras empresas interesadas y la hubo:Astilleros del Guadalquivir, lo que obligó entonces a convocar un concurso público para la adjudicación en el que mostraron su interés ambas y una tercera que venía de la mano de una naviera, según explicó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández.
El plazo expiraba ayer y ninguna se presentó, ni siquiera Sevilla Shipyard, para sorpresa no solo del Puerto sino del propio presidente de esta entidad que, según relató a este periódico, acudía finalmente con dos socios que se han echado para atrás en el último momento y aún no sé por qué. De Celis explicó que mantiene su interés por instalar en los astilleros sevillanos un negocio de reparación de buques pero uno de los requisitos del pliego de condiciones del concurso era tener un volumen de facturación de siete millones en los tres primeros años (que progresivamente aumentaría a nueve millones del cuarto al sexto año y de 11 del séptimo al vigésimo) algo que no podía asumir solo. Para eso sería necesario reparar 40 barcos al año y yo iba a empezar con 25, señaló. Por ello estudió la posibilidad de explotar el varadero y abrir a otras actividades. Sus socios eran un grupo de Gibraltar especializado en la reparación de yates y buques de media eslora y otro de Sevilla de desgüace con el fin de tener tres patas de actividad:la reparación de buques, la de yates y el desgüace. La oferta iban a presentarla los tres como Unión Temporal de Empresas y una vez adjudicado Sevilla Shipyard ampliaría capital y asumiría en su único nombre la concesión con un accionariado repartido entre las tres y un equipo directivo nombrado por todos, explicó.
La idea era presentar la oferta ayer, último día del plazo, y yo he dejado todos mis documentos listos y firmados pero no me he podido quedar y me han llamado diciendo que al final no se ha presentado, no sé qué ha podido pasar, el primer sorprendido soy yo, me han dicho que ya me explicarían, entiendo que alguien se ha echado para atrás en el último momento pero no sé por qué, es muy extraño y ha sido a última hora. Teníamos un proyecto muy bonito en el que habíamos trabajado mucho, pero cuando se sustenta en tres patas pasa esto, alegó.
El presidente de Sevilla Shipyard no renuncia a su proyecto y su intención es hablar con la Autoridad Portuaria para volver a su plan inicial de reducir el negocio al ámbito en el que tiene experiencia pero con el volumen de facturación que puede asumir. Ese astillero tiene que ser para mí, aseguró.
Desde la Autoridad Portuaria, el presidente, Manuel Fernández, tampoco ocultó su sorpresa por que el concurso quedara desierto ya que confirmó que tres empresas mostraron su interés y los requisitos estaban claros desde el principio, un volumen mínimo de inversión en unos plazos, un nivel de facturación... todo ha sido transparente. Hay que preguntarse a qué se debe. Según Pérez caben varias interpretaciones, una alude a los problemas financieros pero otra es que haya habido un juego de intereses empresariales cruzados. En cuanto al futuro, se limitó a señalar que la disponibilidad está ahí, tenemos unos suelos y un dique, siempre estamos abiertos a buscar su puesta en valor. El terreno a explotar ocupa 12.000 metros cuadrados, incluyendo el varadero y el dique seco del puerto. El concurso preveía una concesión por 20 años, con posibilidad de dos prórrogas de cinco. La explotación debía comenzar en un máximo de 18 meses y la inversión en el dique finalizarse en 24. Las instalaciones del varadero debían estar operativas en cinco años desde el inicio de la explotación.
