El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción de CiU en la que se solicita al Gobierno la creación de "un grupo de expertos independientes" que se encarguen de evaluar el desarrollo de la Ley de Dependencia y, en su caso, propongan las modificaciones oportunas para que el sistema de atención a las personas dependientes sea sostenible en el tiempo.
La iniciativa, que contó con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP, solicita que este equipo de especialistas presente, "antes de que finalice el mes de junio del año que viene", un informe sobre la aplicación de la norma desde su entrada en vigor, en enero de 2007.
La propuesta contempla que se hagan las "modificaciones normativas" necesarias para adecuar los servicios y las prestaciones que establece la ley a los "parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, equidad, sostenibilidad financiera y pleno respeto al marco competencial de las comunidades autónomas".
El encargado de defender la iniciativa, Carles Campuzano (CiU), explicó que este equipo de expertos "dirán si el sistema de atención a las personas dependientes va a ser sostenible en el tiempo tal y como está pensado". "Pido una mirada más larga, a medio y largo plazo, que nos lleve repasar a fondo la aplicación de ley y a darle la vuelta a una realidad que es frustrante para la mayoría de las personas dependientes y sus familias", agregó.
PP: LA LEY FIJA UN INFORME ANUAL
Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Barrachina, presentó una enmienda en la que solicitaba que el Gobierno cumpliera, como establece la ley, con su obligación de presentar un informe anual sobre la norma, propuesta no fue aceptada por CiU, por lo que los 'populares' se abstuvieron en la votación.
"Ahora deberíamos estar debatiendo el segundo informe sobre la evolución de la atención a los dependientes y el Gobierno no ha presentado ninguno", señaló el diputado del PP, quien criticó la "desidia y parsimonia" del Ejecutivo socialista en la ejecución de la norma.
Desde la filas socialistas, la diputada Lucila Corral dio la "bienvenida" a la propuesta de CiU y explicó que su grupo votó a favor de la misma "porque el PSOE siempre ha apostado por el seguimiento de la ley y por cualquier medida que ayude a mejorar su aplicación".
En cualquier caso, afirmó que la normativa "sólo tiene 20 meses", al tiempo que destacó el "impulso y esfuerzo" que está haciendo el Gobierno para aplicarla. Según Corral, más de 600.000 personas han solicitado ser valoradas, de las que 378.000 ya tienen reconocido este derecho, lo que a su juicio representan "cifras alentadores".
En representación del PNV, Aitor Esteban, afirmó que "existen disfunciones en la aplicación de la ley" y criticó que el Gobierno "todavía no haya fijado el copado y la acreditación de la calidad de los centros" de atención a los dependientes.
Por parte del grupo parlamentario ERC-IU-ICV, Joan Tardà respaldó la medida porque es necesario mejorar una ley que "va muy mal", y censuró que las comunidades autónomas tengan que poner más de tres euros por cada euro que invierte el Gobierno en dependencia.
Finalmente, desde el Grupo Mixto, Olaia Fernández (BNG), consideró que el informe que elabore el grupo de expertos debe traer "mejoras en la aplicación de la ley, en especial en el tema de la financiación, que hasta ahora ha sido insuficiente".
