El aviso también llegó desde el Ministerio de Igualdad. El delegado del Gobierno contra la Violencia de Género , Miguel Lorente, hizo ayer balance y destacó que de las 19 asesinadas, sólo dos habían denunciado (una de ellas la mujer asesinada por su ex marido en una clínica onubense mientras visitaba a su madre hospitalizada). Supone, según Lorente, un descenso en las denuncias del 30%. El año pasado, de las 55 víctimas mortales, denunciaron 14 y otra la retiró (en Andalucía, hubo 14 asesinadas y sólo una había acudido al juez).
Para Navarro, el discurso de las denuncias falsas hace mella y, a la espera de las primeras estadísticas judiciales de este año (en 2009 los juzgados andaluces recibieron 26.838 denuncias por violencias de género y se dictaron 5.285 órdenes de protección), aseguró que empieza a notarse un descenso, además de que "la sociedad parece como si volviera a ser sorda y ciega". "Ha habido un avance importante en la visualización del delito, y nos hemos dotado de una herramienta jurídica, pero todos los mecanismos de protección se ponen en marcha cuando se denuncia y asistimos a una sucesión de asesinatos sin constancia de denuncia y me preocupa también que de nuevo se empieza a hablar en el entorno de la víctima que nunca sospecho nada. Yo dudo mucho que en algún momento alguien no sospeche, aunque sea por hechos puntuales y por más que la víctima lo niegue, que suele ser habitual", recriminó la consejera.
Durante su comparecencia parlamentaria, la consejera pidió "responsabilidad y rigor" al hablar de denuncias falsas e instó a actuar en caso de que se tengan indicios sobre esto pero "no poner en duda" a las mujeres que dan el paso, la mayoría de las cuales tardan una media de cuatro años en denunciar, según el delegado del Gobierno.
Lorente lamentó que mermar la credibilidad de las mujeres, además de "mantener un debate abierto sobre circunstancias que no se reflejan en la realidad", perjudica su acceso a la justicia e incluso influye en la valoración del riesgo que hacen los jueces y merma el uso de recursos de protección. Así volvió a insistir en el escaso uso de pulseras GPS para controlar al maltratador. "Si tenemos cerca de 3.000 dispositivos, que se utilicen cuando tengan que utilizarse. Si unas 500 mujeres están en situación de riesgo y hay 248 dispositivos en vigor [31 en Andalucía], hay factores que están impidiendo que el recurso se utilice", denunció.
