El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, estudiará la situación de los juzgados de Utrera. Así lo ha asegurado el Partido Popular local, cuyo portavoz, Pepe Rojas, escribió un informe detallado de la problemática que tiene Utrera en sus Juzgados.
Al parecer, Chamizo ha respondido a la petición de los populares con una carta en la que dice que va a proceder a iniciar actuaciones ante los organismos administrativos correspondientes para investigar esta reclamación. En concreto, el Defensor del Pueblo ha solicitado informes al Viceconsejero de Justicia y Administración Pública para conocer todos los datos precisos que afectan a esta cuestión.
El PP utrerano puso en antecedentes al Defensor del Pueblo, indicando que pese al aumento de los juicios y las nuevas competencias como los juicios inmediatos y la violencia de género, sigue existiendo en Utrera sólo tres Juzgados de Primera Instancia con la misma plantilla que existía a principios de los años 90.
Además, Rojas afirmó que existe un "trato discriminatorio" con el municipio de Utrera, cuando en Dos Hermanas, localidad vecina con 110.000 habitantes, cuenta con siete Juzgados servidos por Magistrados y un Destacamento de Fiscalía, mientras que Utrera, siendo Partido Judicial de Los Palacios, El Coronil, Los Molares y la propia Utrera, aglutinando una población que roza los 100.000 habitantes, sólo cuenta con estos tres Juzgados.
Después de todo, este informe fue transmitido a José Chamizo, quien ha respondido con una carta en la que dice que va a proceder a iniciar actuaciones ante los organismos administrativos correspondientes para investigar esta reclamación.
Resulta que en el mes de abril del pasado año, el Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley, a propuesta del Partido Popular, para la creación de un nuevo juzgado en Utrera, el número 4 de Instancia e Instrucción. Sin embargo, dicha resolución no fue transmitida al Consejo General del Poder Judicial, encargado de poner en marcha este nuevo Juzgado.
Además, la proposición del PP solicitaba la instauración de una quinta sala; la adscripción de la Fiscalía para Utrera; cuatro nuevas plazas de funcionarios del cuerpo de Tramitación, dos de ellas para el Decanato, otra al Registro Civil y una cuarta para apoyo del servicio de guardias; creación y dotación de personal para una oficina de atención al ciudadano, independiente de los juzgados y el decanato; eliminación de barreras arquitectónicas; y ampliación del edificio actual. Nada de esto se llegó a aprobar en el Parlamento.
