El Gobierno andaluz, a través de su consejera de Hacienda, está analizando qué partidas se recortarán para cumplir el severo recorte del gasto público pactado con el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Andalucía figura entre las comunidades (junto a Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña) que aún tienen pendiente aprobar un plan de reequilibrio para cumplir el objetivo de que el déficit público se reduzca en el conjunto de las administraciones al 3% del PIB en 2013. Hay tres directrices: contención del gasto de personal a través de retribuciones, restricción de la oferta pública de empleo y racionalización de los recursos humanos. La consigna que ha dado el presidente andaluz, José Antonio Griñán, es que ese reajuste afecte de lleno a las empresas públicas andaluzas. También que se potencie al sector privado en las inversiones públicas. Poco más se conoce.
Aunque el Ministerio de Elena Salgado esperaba que esos planes pendientes llegaran justo después de Semana Santa, el presidente Griñán aplazó ayer hasta junio el documento. Eso sí, durante su comparecencia en el Parlamento y respondiendo a una pregunta del portavoz de IU, Diego Valderas, admitió que habrá "ajustes", sin despejar en qué consistirán. Sólo blindó de esos recortes el gasto social y garantizó que la inversión destinada a los ayuntamientos se triplicará.
El Presupuesto andaluz de 2010 contempla una transferencia de 2.899,4 millones de euros para las empresas públicas. Desde el Gobierno subrayan que casi el 70% de esas transferencias se destina a empresas sanitarias (30,3%), actuaciones de promoción del empleo (16,8%) y al sector educativo (22,3%). Desde la Junta apuntan que ya se aprobó un plan de austeridad (que suma un ahorro de 300 millones de euros) y que en esa senda habrá que adoptar más medidas. El Presupuesto dio la orden de que se recortaran los sueldos de los directivos públicos, después de que Economía detectara que casi un centenar de estos profesionales (95) cobraba más que Griñán. Pero la medida quedaría posteriormente restringida y dejó fuera a empresas como la Radio Televisión Andaluza (RTVA).
En un momento político en el que las alianzas son la excepción, PSOE y PP se unieron ayer para aprobar una proposición no de ley en la Cámara la que se insta a la Junta a ajustarse el cinturón en las empresas públicas. "Racionalizar" es el término que consta en el documento, votado en contra por IU. Añade la petición común para que la Junta inste al Gobierno a defender las "singularidades económicas" de Andalucía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Haremos los esfuerzos necesarios, pero que a todos se les exija lo que a nosotros", resumió el portavoz socialista, Ángel Gallego. La Junta ha pedido que se premie a las comunidades con menos deuda por habitante. El popular José Enrique Fernández de Moya logró que se integraran en el texto tres enmiendas de su partido, la fundamental, la obligación de que el Ejecutivo andaluz "respete la oferta de empleo público" ya pactada por la antigua consejera de Justicia. Desde IU, Pedro Vaquero, dio un "no rotundo, mil veces no", ya que sostiene que el plan de austeridad supone una merma "notable" de derechos sociales.
