Coger las riendas hasta que se alcance un acuerdo. Ésta es la medida adoptada por el Gobierno, que decidió ayer legislar en la materia del diálogo social hasta que haya sintonía después de las graves discrepancias evidenciadas en los últimos días. Su pretensión: presionar a la CEOE para que ceda.
Nuevo giro en la ardua negociación para llegar a un acuerdo en el seno del diálogo social. El Gobierno advirtió ayer de que, si no hay acuerdo sobre el diálogo social, legislará en la materia, lo que supondrá que unas veces gustará a los sindicatos y otras a los empresarios.
El intento fallido del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de lograr un acuerdo en una cena en La Moncloa en la noche del pasado miércoles, ha llevado al Ejecutivo a cambiar su postura. Si hasta ahora sus distintos portavoces habían reiterado que el Gobierno no legislaría de forma unilateral, ahora considera lo contrario como mecanismo para hacer frente a la situación, además de ser una manera de presionar a la patronal para que ceda en sus pretensiones.
Después de que hace dos días la CEOE exigiera de nuevo en la mesa del diálogo social una rebaja de cinco puntos de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y una reforma laboral, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, hizo ayer llegar el nuevo mensaje a las partes.
En declaraciones a RNE, el ministro afirmó que, si no hay acuerdo, el Ejecutivo adoptará medidas para "gobernar en interés general de los ciudadanos y las comentará bilateralmente con quien considere oportuno".
Corbacho reiteró que es imposible asumir la demanda de cinco puntos de la CEOE -en el tercer borrador del 13 de julio se propone 1,5 (medio punto de manera permanente y el resto sólo se aplicaría en 2010)- y defendió, frente al plazo de 24 horas solicitado por los empresarios para matizar sus exigencias, que el texto del Gobierno es "muy amplio".
En Moncloa, tras la "dura" cena del anteayer y la postura de la patronal, se trabaja ya en un escenario en el que no haya acuerdo, sobre todo después de ver el documento reivindicativo que la CEOE le entregó ayer. En él, la patronal asegura que las arcas públicas podrían disponer de 15.302,89 millones de euros para asumir una rebaja de las cotizaciones por contingencias comunes de cinco puntos (2.500 millones por punto) y propone abrir una segunda fase de diálogo social desde el 1 de septiembre para abordar reformas estructurales, como la laboral.
En esa tesitura, el Ejecutivo está decidido a adoptar las reformas laborales necesarias y, advirtieron las fuentes consultadas, algunas podrían no gustar a la patronal, otras a los sindicatos y otras a ninguno de los agentes sociales.
Al respecto, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, consideró ayer "esencial" abordar reformas estructurales para poder firmar un acuerdo de diálogo social, por delante de medidas concretas como la rebaja de las cuotas a la Seguridad Social.
El vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández, aseguró que los empresarios quieren firmar "algo" antes de agosto, para lo que Gobierno y sindicatos también deben recortar sus pretensiones.
Mientras, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, avisó a la CEOE de que las negociaciones del diálogo social sólo continuarán si especifica "cuál es su propuesta final" y si es viable "para construir un acuerdo".
El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, también espera que los empresarios reconsideren su postura y regresen a una línea "razonable", en la que no planteen reformas del mercado laboral.
